Niñeras, nannies, babysitters, canguros, au pairs... Las personas que son empleadas para el cuidado de los menores han atraído la atención del Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor, José Chamizo, en su informe correspondiente a 2008, que ayer entregó a la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves.

El Defensor recomendó a la Junta de Andalucía la creación de un registro o una bolsa de trabajo donde figuren estas personas con un doble objetivo: uno, dar seguridad a las familias que se ven obligadas a contratar estos servicios, con referencias sobre las aptitudes del empleado y, dos, sacar del mercado irrregular la situación laboral de los cuidadores para que coticen a la Seguridad Social. Igualdad y Empleo serían para el Defensor los departamentos que asumirían esta competencia.

"La Administración autonómica debería dar un paso al frente e incentivar este yacimiento de empleo, fomentando la información y cualificación de profesionales en este sector", apuntó Chamizo en la rueda de prensa posterior a la presentación del informe.

La iniciativa, sin precedentes conocidos, facilitaría que las familias pudieran conocer las cualidades de las personas a las que dejan en encargo a sus hijos. "Dejas tu casa y tus hijos en manos de una persona que muchas veces no conoces y esto debería estar controlado", recomendó el Defensor del Menor.

Según Chamizo, los padres se "aventuran" a contratar a personas sin poder verificar unos mínimos de formación especializada y sin que tampoco exista un registro de las personas que se dedican a estas actividades, lo que impide una supervisión por parte de la Administración, aseveró Chamizo.

En el terreno laboral, el Defensor apuntó que tanto la confederación de empresarios como los sindicatos trabajan en la regulación de esta actividad profesional.

La idea parte de las personas que se han dirigido a la institución con esta preocupación, sin que el Defensor pudiese dar una respuesta adecuada. "Sabemos que hay algunas ONG que lo hacen y a ellas los remitimos, sobre todo de atención a inmigrantes, pero para otros colectivos no tenemos a quien recomendar", indicó.

El Defensor propuso que el Gobierno autonómico asuma la subvención del acceso a estos servicios para las familias que cuenten con menores posibilidades económicas.

Ésta es una de medidas que recoge el informe como necesaria para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, "una utopía realizable", ya que en su opinión "cada vez menos" se puede recurrir al paraguas protector de la familia extensa tradicional.

En el informe, el Defensor demanda la necesidad de otorgar un "decidido" impulso a la mediación familiar y la reforma de la salud mental infanto-juvenil para detectar problemas a edades tempranas. En cuanto a los programas de ocio, lamentó que los adolescentes están "institucionalmente desatendidos" y sugirió que la tarea la asuma el Instituto de la Juventud (IAJ) al que se le añadiría la coletilla de "y la Adolescencia". El acoso entre iguales o en la red es también objeto de preocupación.