La Renta Básica, un instrumento que eleva a derecho universal la percepción de una ayuda económica para aquellas personas sin ingresos y en riesgo de exclusión,   tampoco verá la luz este otoño, confirmó ayer la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro. El anuncio supuso un nuevo aplazamiento, después de que la Ley de Inclusión Social -que incluye la Renta Básica recogida en el artículo 23 del Estatuto de Autonomía- fuera presentada en la recta final de la pasada legislatura por Manuel Chaves sin tiempo de llegar al Parlamento y retomada a principios de la presente con el próximo otoño como fecha de referencia. La confirmación ya fue aventurada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su primera comparecencia a la vuelta de las vacaciones el paso martes.

La Junta cambia el rumbo y prescinde por el momento de esta normativa con el argumento del esfuerzo económico que supondría en tiempos de crisis. "Siendo realistas, en una situación económica como la que tenemos, lo que hay que procurar es dar respuesta a las necesidades que tienen las personas que más lo precisan, y el hecho de que la ley no esté aprobada aún, no significa que las personas que necesiten de un Renta Básica no cuenten con ella a través de otros instrumentos, como, por ejemplo, el salario social", explicó Navarro para asegurar que no se renuncia al compromiso de aprobar esta ley, sin concretar cuándo.

Navarro no mencionó si en la decisión ha influido la ayuda del  Gobierno de 420 euros a los desempleados que se queden sin prestación y se ciñó a que la Junta reforzará el salario social -el 62% del salario mínimo interprofesional vigente (368,88 euros este año) durante seis meses- . La consejera aludió a los complementos que la Administración autonómica ofrece a los desempleados para incentivar la generación de empleo, los planes Proteja -fondos para obras públicas- y Memta -cursos de formación-, que ya ensalzase el vicepresidente Manuel Chaves el martes para justificar el no de Andalucía a la petición del Gobierno para que las comunidades amplién la ayuda de 420 euros.

Ante el aumento de la demanda, el esfuerzo presupuestario en lo que va de año ha pasado de 38,9 a 57,9 millones, anotó Navarro. Subrayó que el montante "se ampliará de aquí a final de año en lo que sea necesario", porque es un "compromiso firme y rotundo del propio presidente de la Junta" y cifró en un 40% el incremento de peticiones desde 2008.

Hace unas semanas, Navarro sostenía que la Renta Básica supondría un "cambio sustancial" con respecto al salario social, al tratarse de ayudas económicas individuales -y, por tanto, no exclusivamente dirigidas a unidades familiares-, se incrementa la cuantía a percibir y se abonará a mensualidad vencida.

La demora en la aprobación de la ley no fue compartida por el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que consideró una "mala noticia" la decisión e instó al Ejecutivo a aprobar la norma "cuanto antes". "Muchos de los problemas e incertidumbres que existen en torno a las ayudas a las que pueden optar las personas en desempleo, se podrían ver resueltas y reconducidas a través de las prestaciones contempladas en la Ley de Inclusión Social", anotó.

Chamizo consideró que "hay demasiadas obsesiones con el tema presupuestario" y opinó que el desembolso de esta ley  "no es mucho mayor que el que ya está haciendo" para el salario social, en torno a 60 millones de euros.

La memoria económica del proyecto presentado en 2008 estimó que la aplicación de la ley en su primer año era de 800 millones de euros, de los que 177 corresponderían a la Renta Básica.

IU interrogará hoy en sesión plenaria al presidente de la Junta por el aplazamiento de la entrada en el Parlamento de esta normativa, avanzaron fuentes de la coalición de izquierdas a esta redacción, que ha manifestado en reiteradas ocasiones que la aprobación de la Renta Básica debe consistir en una "prioridad" para el Ejecutivo andaluz.