El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reconocido hoy el derecho de los padres de un alumno de Bollullos Par del Condado (Huelva) a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC). Ante esta decisión, la Junta recuerda que se trata de una materia obligatoria y ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo, recordando que su postura coincide con la del TSJ de Asturias y Cataluña, que anteriormente fallaron en sentido contrario, denegando el derecho a objetar. Por su parte, el Foro Español de la Familia y el PP aplauden esta decisión del TSJA.

La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, la primera que se produce en España en este sentido, recoge en su fallo que el hijo de los demandantes, quienes interpusieron un recurso contra una resolución de la Junta que rechazaba tal objeción, "no debe cursar la asignatura" por lo que queda exento "de ser evaluado de la misma".

Para llegar a esta conclusión, los magistrados tuvieron en cuenta la postura de los demandantes, que exponen que la asignatura "vulnera sus derechos fundamentales a educar a sus hijos en la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones y a la libertad ideológica y religiosa".

Así, el TSJA tiene en cuenta dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que reconocen el derecho de los padres a que se respete en la educación de sus hijos sus convicciones religiosas y filosóficas, además de reconocer que es al Estado y a cada centro docente al que le corresponde suministrar a los padres la información necesaria para que puedan ejercer su derecho a educar a sus hijos. "En nuestro caso, esa información no se ha suministrado y, además, los contenidos tienen un alto grado de indefinición, lo que no facilita el ejercicio de los derechos de los padres", subraya la sentencia.

Esta decisión contrasta con las tomadas por los TSJ de Asturias y Cataluña, que denegaron el derecho a objetar. Esta es la postura que defiende la Junta de Andalucía, quien, mediante el consejero de Educación, Sebastián Cano, ha anunciado que "va a recurrir" al Tribunal Supremo esta sentencia ya que, a su juicio, el Alto Tribunal "se ha limitado a desarrollar la norma orgánica tal y como está establecido en el ordenamiento jurídico vigente" y destaca que la sentencia "no hace alusión alguna a los decretos de enseñanza de Andalucía, por lo que no observa que tengan problemas de constitucionalidad", lo que, "ratifica que la ordenación de la Junta es ajustada al derecho".

Celebración del Foro de la Familia y el PP

Quien si se ha mostrado satisfechos con esta sentencia es el Foro Español de la Familia (FEF), cuyo presidente Benigno Blanco ha celebrado la que es "la primera" en España "que reconoce la objeción de conciencia" y "el derecho de los niños a no recibirla". Blanco asegura que la objeción a la asignatura supone "un ejercicio del derecho constitucional" y que "muchos padres se animarán ahora a presentar la objeción", recordando además que existen "más recursos abiertos en Aragón, Cataluña, Extremadura, Castilla La Mancha, Asturias y Cantabria".

"Esto demuestra que cuando los ciudadanos ejercen sus derechos en una sociedad libre, los gobiernos no pueden limitar sus libertades", sentencia el presidente de FEF. "Confío en que los demás Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. digan lo mismo que el de Andalucía", afirma, y cifró en 24.000 el número de objeciones "contabilizadas" por la asociación, aunque aseguró que "es posible que haya más".

También el PP considera "una gran noticia" esta decisión, que supone el "triunfo de los Derechos Humanos, de la Democracia y de los padres de familia", asegura el portavoz popular de Educación, Eugenio Nasarre. "Esta es la herida de muerte" de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, concluyó.