Que el Guadalquivir es un río andaluz y el único elemento físico que articula a Andalucía no lo discute nadie, pero que la competencia sobre su gestión deba recaer sólo en la Junta de Andalucía parece mucho más discutible. O ni siquiera esto, a juzgar por lo que se debate en Madrid. La ponencia sobre la que trabajan los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) declara el artículo 51 del Estatuto de Andalucía incompatible con la Carta Magna, lo que supondría su anulación. Este precepto mantiene que es la comunidad autónoma la que "ostenta competencias exclusivas" sobre las aguas del río que transcurren por la región. Gracias a este artículo, aprobado en referéndum junto al resto del Estatuto, el Gobierno central traspasó a la Junta las competencias del Guadalquivir el 1 de enero del 2009. Tanto en el Ejecutivo central como en el autonómico son conscientes de que la ponencia del magistrado Javier Delgado supondría un fuerte varapalo político a las fuerzas que aprobaron el Estatuto y el adiós a la administración del agua por parte de la Junta. Por eso, se confía en que los magistrados encuentren otra vía distinta a la de la inconstitucionalidad, y se opte por una vía interpretativa. Pero, incluso, en este caso, el de una interpretación que salve formalmente el artículo 51, se teme que la sentencia suponga una anulación de facto del decreto de transferencia de las competencias que el Gobierno realizó a la Junta a comienzos del año pasado.

La competencia sobre el río es uno de los ejes del nuevo Estatuto andaluz. IU fue el partido que logró introducir este artículo, y el PSOE abrazó la idea, tanto desde el Gobierno como desde el grupo parlamentario. El PP también dio su visto bueno a pesar de una oposición inicial. El propio Consejo Consultivo no puso objeciones a ello.

En principio, se esperaba que los magistrados analizasen la ponencia esta misma semana, pero, finalmente, no se celebrará pleno. Si el asunto pasa a la semana siguiente tal cual -es decir, si se entra a votar directamente la propuesta de inconstitucionalidad-, es posible que esta sea refrendado de modo mayoritario por los magistrados. Ahora bien, si dentro del Constitucional se opta por elaborar una sentencia interpretativa, ésta podría retrasarse algo más, pero en cualquier caso se espera para el mes de septiembre. Octubre a lo más tardar. En este caso, los magistrados deberían explicar cómo el otorgamiento de las "competencias exclusivas" de las aguas del Guadalquivir a la Junta es compatible con el precepto constitucional que declara que "el Estado tiene las competencias exclusivas" cuando las aguas del un río discurran por más de una comunidad autónoma. La cuenca del Guadalquivir se adentra un 10% en Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia.

Pero, incluso en el caso de la interpretación, la lectura del TC podría condenar el decreto de transferencias que bebe directamente de ese artículo del Estatuto. No obstante, la lectura política sería bien distinta si la sentencia es inconstitucional o interpretativa.

El traspaso de competencias ha tenido un desarrollo pleno en nuestra comunidad. La Agencia Andaluza del Agua se constituyó para asumir la gestión de las cuencas mediterráneas (las de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur) y las del Guadalete y Huelva, aunque adquirió peso con las del Guadalquivir. El grueso de la plantilla de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Andalucía pasó a integrarse en la Agencia Andaluza del Agua, cuya nombre y funciones han cambiado con la reciente reestructuración del sector público andaluz. De hecho, la agencia, como tal, ha desaparecido al integrarse, junto con la empresa pública Egmasa, en la Agencia Andaluza del Medio Ambiente y del Agua.

Si en las próximas semanas, el Constitucional sigue sin aprobar una sentencia sobre este precepto, será una señal de que se está trabajando sobre una sentencia interpretativa. El tribunal ha tratado este asunto a consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura.