Hace algo menos de una semana que un comunicado emitido por una plataforma ciudadana golpeó contra los cimientos de las naves industriales de la antigua Colecor, en Córdoba, con el único objetivo de presionar a las Administraciones públicas para que frenen el proceso de legalización de este inmueble propiedad del empresario Rafael Gómez. Ahora, apenas unos días después de aquel polémico documento, son los representantes de algunas parcelaciones de la ciudad quienes alzan la voz para denunciar el agravio comparativo que entienden se ha producido. No ven con malos ojos que Gómez abra su complejo comercial -algunos, incluso, lo apoyan al entender que se trata de una buena oportunidad para generar empleo en la ciudad-, pero critican que, mientras que la legalización de sus viviendas lleva décadas enquistada, el asunto de la antigua Colecor se haya resuelto en apenas cinco años.

La aprobación del Plan Especial de la Carretera de Palma, primero por el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo y más tarde lo hará por el Pleno municipal, dará cobertura legal a las naves que Gómez concluyó en 2005. Ésa es la realidad a la que aluden los representantes vecinales de las urbanizaciones de la periferia -legalizables o no-. De una forma u otra, con un horizonte más o menos nítido en este sentido, todos ellos coinciden en que el trato ha sido "diferente" y por ello reclaman que a partir de ahora se analice la situación de sus casas con otro tipo de lupa. "No somos delincuentes y lo único que pedimos es que se regularicen unas viviendas que en su día se construyeron con total persimividad", precisó uno de los ciudadanos afectados.

En total, según los datos facilitados por el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, hay 114 parcelaciones en la capital, 90 de ellas situadas en la zona de la Vega y las 24 restantes en diferentes puntos de la Sierra de Córdoba.

1 Antonio Fernández. gorgoja II

La urbanización de La Gorgoja II es, por encontrarse en el entorno de la ciudad palatina de Medina Azahara, una de las parcelaciones que tienen más difícil su regularización. No legalizable, aunque reconducible, este enclave integrado por alrededor de medio centenar de viviendas no escatima esfuerzos para que la Junta acepte la creación de una pantalla vegetal que maquille el impacto visual que impide que los vecinos regularicen la situación de sus viviendas. El representante del colectivo de la Gorgoja II, Antonio Fernández, insistió en el papel de "sacrificados" de estos parcelistas.

Fernández se refirió al "agravio comparativo". A pesar de mostrarse muy crítico con lo ocurrido, el representante de la Asociación de la Gorgoja II aclaró que no está en absoluto en contra de la legalización de las naves industriales de Rafael Gómez. "Claro que es bueno que salga adelante, pero pedimos que se nos mida por el mismo rasero", declaró.

2 Antonio Ramos. Córdoba la vieja

La situación de Córdoba la Vieja es bastante similar a la de la Gorgoja II. Se encuentra en el ámbito protegido de Medina Azahara, su suelo no es legalizable aunque reconducible con un Plan Especial y cuenta con alrededor de medio centenar de viviendas. Sus veci recurren también al citado agravio comparativo que ha generado la legalización de las naves industriales. El presidente de este colectivo vecinal, Antonio Ramos, incidió en que este "agravio no debe entenderse como algo negativo ni contrario al futuro de las naves de la Colecor" y recordó que "si es verdad que molestamos, por qué no echaron abajo las viviendas". El representante de Córdoba la Vieja destacó que, al igual que estas instalaciones, esas viviendas también se construyeron con total permisividad. Abundó en la creación de la pantalla vegetal para reducir el impacto visual que se emplea para cargar contra las parcelaciones situadas en el entorno de Medina Azahara. Con todo, y pese al "follón que se ha generado en todo este asunto" al que se refirió el dirigente vecinal, el propio Ramos concretó que "algo se mueve a nuestro favor".

3 Juan Martínez. Las Pitas

En la urbanización de Las Pitas aún no pueden olvidar los cuatro años de "sufrimiento" que llevan desde que se produjo la ampliación de la zona de Medina Azahara declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y dejó a estos vecinos dentro de este ámbito. Juan Martínez, presidente de los vecinos, recuerda que "aquello se hizo a sabiendas de que lo construido aquí fue permitido por las Administraciones públicas". Para el dirigente de esta asociación, el agravio no ha sido sólo con los residentes de parcelaciones como las del entorno de Medina Azahara, "sino con los más de 16.000 que hay en toda Andalucía". Martínez afirmó sin titubeos que "detrás de todo esto seguro que hay un poder económico". Añadió así que "nosotros no tenemos nada que ofrecer y, por tanto, puede decirse que estamos a merced de lo quieran hacer con nosotros". La diferencia de Las Pitas con respecto a la Gorgoja II y Córdoba la Vieja está en el número de viviendas, ya que estos terrenos tampoco son legalizables -sí reconducibles-. Esta parcelación cuenta con cerca de 200 viviendas. Martínez sigue "sin entender por qué molestamos las personas".

4 María Jesús Luque. alcolea (el sol)

La urbanización El Sol se sitúa en un ámbito muy diferente al de las parcelaciones afectadas por el BIC del yacimiento de Medina Azahara, entre otras cosas porque parte de sus terrenos se han legalizado, otros están en proceso y sólo una minoría están pendientes de una tramitación necesaria para lograr este objetivo. La presidenta de este colectivo vecinal, María Jesús Luque, no quiso dejar a un lado los años de trabajo que han tenido que pasar hasta que iniciarse el proceso de legalización de esta zona enclavada en la barriada periférica de Alcolea. El posicionamiento de esta dirigente vecinal es, en cualquier caso, menos crítico que el de los representantes de las asociaciones que abanderan a otras parcelaciones de la ciudad. Con el caso prácticamente resuelto -tan sólo a falta de la tramitación- la presidente de esta asociación apenas si vio un agravio comparativo entre la legalización de las naves de Colecor y la situación en la que se encuentra gran parte de las parcelas en Córdoba.

5 Julio Jacobo. ALTEA

"Unos sí y otros nos". Así de concluyente se mostró el presidente de la Asociación de Vecinos de la Altea, Julio Jacobo. La diferencia de la Altea con respecto al otro grupo está en su inundabilidad, extremo que niegan los vecinos al considerar -"con papeles"- que se encuentran por encima de la cota que establece la normativa. "Las inundaciones se produjeron en la Altea porque todos las presas abrieron a la vez, pero no porque sea inundable", explica. Jacobo se apunta a esa crítica de "agravio comparativo". "No estamos en contra de la riqueza y el progreso que puede generar la legalización de las naves industriales, pero lo que no puede ser bajo ningún concepto es que no se nos permita tener una vivienda digna", reivindica.

6 Antonio Sáez. hacienda de san victoriano melgarejo

El presidente de la Asociación de Vecinos de la Hacienda de San Victoriano Melgarejo -que comprende alrededor de 40 casas-, Antonio Sáez, recurrió al clásico "quien hizo la ley hizo la trampa" para explicar lo ocurrido en el caso d e las naves de Colecor. Al igual que el resto de dirigentes, tampoco se mostró contrario a que se haya abierto el camino para la legalización de esta zona industrial de la carretera de Palma del Río, pero destacó que "claro que nos sentimos algo agraviados". A pesar de ello, Sáez puntualizó que "también hay que tener en cuenta que no se puede hacer lo mismo con toda la Sierra, porque si no se podría acabar como El Brillante".

7 Juan Cruz. siete fincas

La urbanización de Siete Fincas es una de las zonas en la que sus vecinos tienen más interés en contar con servicios básicos, de ahí que se trata de una de las parcelaciones -ésta se encuentra en la Sierra- de mayor actividad vecinal. Para destacar el trabajo que han realizado para que se normalice la situación de sus viviendas, el presidente de este colectivo, Juan Cruz, aludió a la elaboración de un plan contra incendios y la existencia de un nutrido grupo de voluntarios preparados para las labores de extinción. El trabajo de Siete Fincas "es de más 40 años" y concluyó que "debe haber justicia para todos y no sólo para unos pocos".