Los sindicatos UGT-A y CCOO-A instaron ayer a "agilizar" la aplicación de los cambios pactados sobre la reordenación del sector público de la Junta de Andalucía y criticaron el "conservadurismo y corporativismo de seudosindicatos" frente a un acuerdo que "garantiza el derecho de los trabajadores y blinda los servicios públicos andaluces".

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, y el vicesecretario general de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT-A, Dionisio Valverde, realizaron estas afirmaciones tras reunirse con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, quien les presentó el proyecto de presupuestos para 2011. En este sentido, Carbonero aseguró que continuará exigiendo que "se haga realidad y se trasponga inmediatamente negro sobre blanco el acuerdo firmado días pasados en la modificación de la legislación y en la rectificación del decreto". Tras esto, "debe realizarse de forma inmediata la convocatoria de la mesa general de función publica donde se apruebe y se le dé vía libre para que se pueda hacer realidad el acuerdo firmado y su desarrollo", añadió. Así, anunció que CCOO-A ha convocado hoy una asamblea en Sevilla en la que se analizará este asunto, a la que prevé que asistan 800 representantes sindicales del sector publico andaluz, y mostró su "convencimiento" en que "la rectificación del decreto significa una garantía de los derechos de los trabajadores del sector publico y un blindaje hacia el futuro del sector". Sin embargo, advirtió que "desde posiciones conservadoras y de derechas" se pretende impedir que haya "blindaje" del sector público, "para que seguramente puedan hacer como están haciendo en otros sitios". "Se le achaca a Andalucía que hay mucho empleado publico, porque es la región que tiene más sanidad pública y más educación pública y más empresas para prestar los servicios, mientras que en otras comunidades con otros gobiernos se externalizan esos servicios", sentenció Carbonero. El dirigente sindical aclaró que los derechos de los trabajadores públicos no se pierden con el decreto, "sino porque la tasa de reposición se ha limitado al 10%, se han bajado los salarios y se ha dado marcha atrás en las capacidades de la negociación colectiva". "Es lamentable que haya esta división en los trabajadores", señaló.

En la misma línea, Valverde apostó por que "de forma inmediata debe verse escrito negro sobre blanco en la modificación del decreto ley". "Debe hacerse lo más rápido posible porque estamos presionados por el tiempo", añadió el sindicalista de UGT, quien explicó que los estatutos de las nuevas agencias deben estar preparados el 1 de enero de 2011. "Hay que agilizar la mesa general de negociación sin que se pierda ningún derecho ni de laborales ni de funcionarios", matizó. Valverde insistió en que "no vamos a consentir que ningún seudosindicato corporativista nos achante y responderemos con toda la energía que tenemos como organización". "Ya está bien de que algunos grupos interesados quieran imponer determinados criterios en el funcionamiento de la Administración, y UGT responderá con toda su dureza", resaltó.