El próximo 1 de enero de 2015 finaliza la moratoria de 20 años que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 estableció en relación a los contratos de arrendamientos de locales de negocio celebrados antes del día 9 de mayo de 1995, y que vienen rigiéndose por las normas del texto refundido de la LAU de 1964.

Este hecho va a suponer que numerosos comercios consolidados en las ciudades y municipios andaluces tengan que renegociar un nuevo contrato de alquiler, suponiendo con toda probabilidad un notable incremento de la renta en la mayoría de los supuestos.

Ya, el pasado 9 de oct ubre, el consejero anunció en Granada que su departamento promovería la firma de una declaración conjunta con organizaciones, plataformas y colectivos sociales andaluces en apoyo de los comercios en los cascos históricos y en contra del fin de la ya mencionada moratoria. Asimismo, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, mantuvo en la capital granadina un encuentro con representantes de una plataforma de afectados y aseguró que ya había remitido una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para trasladarle la "preocupación y la inquietud" que está generado este asunto en el Gobierno autonómico y en el sector comercial andaluz, así como para solicitarle la suspensión del fin de la moratoria y el establecimiento de una prórroga de diez años.

En este sentido, Rodríguez insistió en que se va iba a promover la firma de una declaración conjunta con los colectivos afectados a nivel regional, al tiempo que avanzó que está declaración se remitiría a todas las comunidades autónomas "para su información y posible adhesión con la intención de crear un gran bloque nacional que, de forma unánime, establezca un instrumento de presión hacia el Gobierno central".

Declaración

Con fecha de 22 de octubre, se firmó la Declaración contra el fin de la moratoria de los alquileres de renta antigua y sus efectos sobre Andalucía, en la que nuevamente se mostraba la preocupación del comercio andaluz, de sus trabajadores y de los consumidores ante el fin de la moratoria a la que se venían acogiendo los contratos de arrendamiento de esos locales. Ese mismo día se remitió dicho escrito a la Ministra de Fomento, sin que "hasta la fecha hayamos obtenido respuesta alguna", reconoce el consejero.

Hasta el final

Con el fin de analizar las acciones a emprender en el futuro más inmediato -y con el único objetivo de evitar los graves perjuicios que la no moratoria de las rentas antiguas va a ocasionar a nuestro comercio-, el pasado viernes, 19 de diciembre, tuvo lugar un encuentro entre la Administración y los agentes sociales. A esta reunión asistieron representantes de la plataforma No al Cerrojazo, de la Confederación de Empresarios del Comercio de Andalucía, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, además de organizaciones de consumidores y de los tres grupos parlamentarios.

Del consenso entre todos los asistentes se derivó que la Consejería de Turismo y Comercio -gestionada por Izquierda por Izquierda Unida (IU)- creará una oficina específica para intermediar, informar y asesorar a los comerciantes afectados por estos alquileres y, en campaña informativa, divulgará las herramientas que tienen los afectados a su disposición para defender sus derechos.

Rodríguez, además, insistió en que su departamento solicitará de nuevo una reunión urgente con los Ministerios de Economía y Fomento para modificar la actual LAU y que se van a recabar todas las ordenanzas que en este momento se están aprobando en algunos ayuntamientos de España para proteger a los comercios "señeros y singulares que, durante años, le han dado forma a las ciudades, los cascos históricos y al urbanismo".