La Junta de Andalucía reclama a Bruselas que asuma el coste económico que supondría para la flota española la ruptura del acuerdo pesquero con Mauritania. Un portavoz comunitario aseguró el pasado lunes que el comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria de la UE, Louis Michel, va a proponer esta medida en respuesta al golpe militar que derrocó a principios de este mes al Gobierno elegido democráticamente en 2007. El acuerdo, cuya vigencia prevista se extiende hasta 2012, establece un pago anual a Mauritania de 86 millones de euros por pescar en sus aguas.

Ante ello, Martín Soler, consejero de Agricultura de la Junta, exigió ayer a la UE que arbitre ayudas que compensen el cierre de ese caladero. En aguas del país africano faenan alrededor de sesenta barcos españoles, de los que la mitad (30) pertenecen a cofradías de Huelva y Cádiz. Se trata de buques congeladores que capturan principalmente marisco y merluza negra.

El sector pesquero andaluz, aseguró Soler, ha hecho importantes inversiones para modernizar los buques que faenan en esa zona, de forma que "tenemos un sector muy profesionalizado". Por ello, "pedimos que, si se toma esa medida de suspender el acuerdo, que políticamente no la discutimos, previamente se haya evaluado el impacto económico en nuestra flota y en el empleo y se arbitren ayudas para amortiguar ese impacto".

Precisó que habría que arbitrar ayudas para los armadores y los pescadores "por el tiempo que los barcos deban quedar atracados en los puertos". No obstante, subrayó que la propuesta del comisario Michel ha de ser autorizada por un órgano colegiado de la UE, por lo que pidió prudencia sobre si finalmente esta propuesta llegará a materializarse.