Francisco Montes Worboys/ Letrado de la Junta en Excedencia

Seguridad jurídica y minas

Lo ocurrido con el caso Aznalcóllar demuestra qué difícil es el ejercicio de la función pública

Hace unos días se celebró en Sevilla, con gran éxito, el primer Metallic Mining Hall. Durante las ponencias de perfil más jurídico, distintas autoridades del sector (abogados, catedráticos, etc.) hicieron hincapié en la necesidad de dotar a nuestro sistema normativo de una regulación más moderna -la actual Ley de Minas es preconstitucional-, ajustada a la realidad autonómica y que contemple el fenómeno de esta actividad extractiva, vital para el desarrollo económico pero agotable y de gran impacto en el entorno, de manera integrada con la más reciente legislación medioambiental o de ordenación territorial. De igual modo, es preciso reforzar los mecanismos de garantía de restauración ambiental o de compensación en eventuales procesos de deslocalización.

También se incidió, por parte de todos los operadores, en la conveniencia de contar con procedimientos ágiles y plazos breves y predecibles, de forma que los inversores internacionales vean atractivos los proyectos de exploración, investigación y explotación mineros.

Estoy totalmente de acuerdo con esas apreciaciones, pero sirvan estas líneas para poner en valor el trabajo y dedicación, en nada bien pagado, de los funcionarios que se dedican a estos temas desde distintos departamentos y cuya labor he podido conocer en primera persona. Muchas veces se pone el foco en el procedimiento administrativo o en las exigencias medioambientales como escollo insufrible a las productivas iniciativas económicas. Siendo en parte cierto, no puede olvidarse la responsabilidad que asumen los técnicos de la Administración que, siempre con pocos medios y en ocasiones sujetos a presión social o mediática -en un sentido u otro-, han de revisar complejos proyectos sin derecho a equivocación; al fin y al cabo, si las cosas finalmente no salen bien, los inversores se marcharán pero ellos no.

Lo acontecido con el llamado Caso Aznalcóllar, en el que varios altos cargos y funcionarios de carrera se han visto afectados, con grave e irreparable sufrimiento personal y familiar, por una denuncia penal que a la postre carecía de fundamento, demuestra -como en otros supuestos similares- lo difícil que resulta en estos momentos el ejercicio de la función y servicio públicos. Si no queremos que la Administración quede paralizada por casos como este, es fundamental extremar la prudencia mediática, evitar la utilización partidista y que el propio sistema reaccione con la misma contundencia ante situaciones de abuso de derecho.

El mismo nivel de exigencia que predicamos para la agilidad y eficacia en los trámites administrativos hemos de poner para asegurar el respeto a las decisiones técnicas y a la presunción de inocencia, al menos hasta que no se revoquen por resoluciones judiciales firmes, de otro modo difícilmente gozaremos de la auténtica seguridad jurídica que la Constitución garantiza.

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