Los integrantes del consejo de administración que aprobó las indemnizaciones millonarias a la antigua cúpula de Abengoa, ahora investigada por administración desleal, han asegurado este jueves en la Audiencia Nacional que no se opusieron a dichos pagos porque estaban establecidos por contrato. 

Así lo han explicado los ocho cargos citados a declarar como testigos, entre ellos el sucesor del expresidente de la energética sevillana José Domínguez Abascal, que ha refrendado la versión de los consejeros y ha admitido que las indemnizaciones entraban dentro de lo normal al formar parte de las obligaciones contractuales. 

Domínguez Abascal, al frente de Abengoa entre noviembre de 2015 y marzo de 2016, ha relatado a la juez Carmen Lamela que en el momento de la reunión, el pasado septiembre, no era consejero sino ejecutivo, y ha añadido que asistió como invitado a los últimos consejos, han informado fuentes jurídicas. En ellos, ha detallado, se habló de la situación de la empresa, que por lo general era buena aunque faltaba liquidez, motivo que llevó a plantear la necesidad de solicitar una ampliación de capital, aunque para ello la banca impuso como condición cesar en el cargo a Benjumea. 

Una versión que coincide con la expresada por varios consejeros y que, tal y como han adelantado fuentes de la investigación, ha motivado que la Plataforma de perjudicados por Abengoa estudie solicitar la declaración de un testigo "clave", el presidente de Santander España, Rodrigo Echenique. 

Además de Domínguez Abascal, este jueves también han declarado siete miembros del consejo, que han calificado de normales las indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones a Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega a pesar de las deudas que arrastraba la empresa en aquel momento y que la llevaron a declarar el preconcurso de acreedores poco después. 

Al menos uno de ellos, el exvicepresidente de General Electric, Claudi Santiago, que recientemente ha renunciado como consejero dominical de la empresa de renovables, ha dicho que no acudió en persona al consejo de septiembre de 2015, aunque participó por teléfono desde Londres. Como sucediera el miércoles, todos han comparecido como testigos en la causa contra Benjumea y Sánchez Ortega, iniciada el pasado diciembre a partir de la querella de dos bonistas de la compañía por el cobro de unas indemnizaciones que, según los investigados, pretendían "asegurar su permanencia en el cargo". 

Un supuesto agravado en el caso de Sánchez Ortega, que también se enfrenta a una acusación por uso de información privilegiada tras fichar por el fondo de inversión Blackrock justo cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa. 

Actualmente, la multinacional española y sus acreedores ultiman el acuerdo definitivo de reestructuración, con la intención de evitar el concurso. Tras solicitar el preconcurso de acreedores en noviembre de 2015 asfixiada por una elevada deuda, la empresa pidió el pasado 28 de marzo un tiempo adicional -que la normativa fija en siete meses- para presentar de acuerdo con sus acreedores un plan de reestructuración definitivo.