NOS libramos, la Comisión Europea decidió no imponernos sanción económica alguna por incumplir el déficit en 2015. Hubiera sido una injusta bofetada, como la calificaba hace un par de días el presidente de Portugal, Marcelo de Sousa, argumentando que no sirve de nada castigar por castigar. Y de camino nos han dado más plazo -hasta 2018- para situar el déficit público por debajo del objetivo del 3%. Ninguna novedad, la reformulación de porcentajes y plazos para los incumplidores ha sido la tónica habitual desde 2011, y tampoco hubo nunca multas. Pero a esta flexibilidad ya conocida de la Comisión se le suma una nueva actitud, tal como recoge el documento Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es en este nuevo marco donde España tendrá que cumplir los déficits los próximos años.

La Comisión consideró prioritario por la crisis mantener una postura totalmente rigurosa, controlando estrechamente a los estados, para mejorar la credibilidad del sector público ante los mercados financieros. Pero, sofocado el fuego, urge conseguir una sólida recuperación económica en la Eurozona, y para ello es preciso considerar también los otros sectores de la economía -privado y exterior- porque todos están interrelacionados. Eso no significa que el rigor vaya a abandonarse, la deuda pública europea sigue siendo muy alta, y soplan numerosos vientos negativos que pueden avivar los grandes rescoldos que todavía existen. Ahora, la Comisión pretende reforzar el vínculo entre responsabilidad presupuestaria, reformas estructurales e inversión, como apoyo al empleo y al crecimiento.

En este sentido, se permite que el gasto en inversiones y las consecuencias negativas en la determinación del déficit que acarrean las reformas estructurales, bajo condiciones, cuenten aparte. Así, para fomentar la inversión, las aportaciones públicas al Plan Juncker están excluidas del cómputo del déficit: hasta la fecha, España sólo ha empleado 747 millones de euros públicos, que han apalancado una inversión público-privada en sectores estratégicos y en financiación de riesgo a las pymes de 6.400 millones de euros; en Europa: 9.300 millones para inversiones estratégicas y 3.500 millones a pymes promueven una inversión total de 100.000 millones de euros.

La nueva senda fiscal (4,6% en 2016; 3,1% en 2017; 2,2% en 2018) exigirá duros ajustes, aunque serán suavizados -esperemos- por la recuperación económica. Sin embargo, España, además de cumplirla -se espera seriedad frente a la flexibilidad-, debería acometer reformas estructurales aprovechando este nuevo marco fiscal más flexible, así como negociar con la Comisión para que le permitiera disfrutar de otras flexibilidades reservadas para los cumplidores. Asimismo, también debería implicarse en mayor medida -somos los quintos, muy lejos de Italia o Francia- en el Plan Juncker, abogando además por ampliarlo -en recursos, porque prorrogado ya está- y mejorarlo. Todo ello sin olvidar negociar para que no se congelen los fondos europeos, también cuestionados por el déficit de 2015… Mucha tarea por delante, pero, lamentablemente, sin Gobierno para llevarla a cabo.