UN país con instituciones y estructuras económicas sólidas se encuentra mejor preparado para afrontar y salir de una crisis que otro que carezca de instituciones con capacidad de respuesta y débiles sectores económicos.

La mayoría de los países europeos han llevado a cabo reformas durante el periodo 2011-2013. Sin embargo, el impulso reformista parece haberse agotado, lo que está impidiendo una salida más rápida de la actual situación de reducido crecimiento, que impide crear empleo neto y estable. De tanto emplear la expresión reformas estructurales y de tanto asociarla, exclusivamente, a reformas liberalizadoras del mercado de trabajo, se ha convertido en una expresión maldita, cuando las reformas pueden referirse a otros ámbitos de la economía y no requerir recursos públicos para implementarlas.

La ausencia de reformas se manifiesta de manera muy clara en la evolución de la productividad total de los factores (PTF), que mide la eficiencia con la que los recursos del capital y del trabajo son utilizados en la actividad productiva, siendo la variable clave que explica el crecimiento económico a largo plazo. La evidencia, sin excepciones, para todos los países europeos, es que el crecimiento de esa variable se ha reducido a la mitad en el periodo 1995-2015 respecto de los 10 años anteriores. En el caso de España, es especialmente grave, porque el crecimiento ha pasado del 1% al 0% en los periodos señalados.

Esta contabilidad del crecimiento implica que, para que España crezca, son necesarios volúmenes crecientes de inversión y de creación de empleo estable, lo que entraña una gran dificultad en una época de crisis e incertidumbre. Y aun así, ese crecimiento no estaría garantizado.

Son las reformas de las instituciones, junto a un conjunto de incentivos para que los agentes privados se comporten de forma eficiente, las que facilitan el crecimiento de la PTF.

En España, hay sectores en los que el gran poder de mercado de las empresas obstaculiza el crecimiento, singularmente las empresas eléctricas que suministran el servicio a los usuarios finales. En otros casos son las normas legales, que con carácter horizontal afectan a todos los sectores y agentes. Las 100.000 normas que gobiernan nuestro país representan un peso muerto crónico sobre la actividad económica, reduciendo, con carácter permanente, el crecimiento y la creación de empleo.

Esas 100.000 normas tienen especial incidencia sobre el ámbito laboral -con más de 40 tipos de contratos-, el fiscal -con modificaciones anuales en los impuestos principales, renta y sociedades- y en el administrativo, en donde muchas empresas y ciudadanos tienen que enfrentarse a la prolija legislación de 18 administraciones distintas. Simplificar sustancialmente todo el entramado legal contribuiría a un mayor crecimiento con carácter permanente.

Una excesiva regulación daña el crecimiento económico. Pero también lo daña la ausencia de la misma o una regulación inadecuada, como en el caso de las eléctricas. No hay justificación, tanto en este sector como en otros, para que, después de la sustancial reducción de los costes laborales unitarios inducidos por la crisis, no se haya transferido esa reducción a unos precios inferiores para los consumidores. Sin esos ajustes, es más difícil y costoso salir de la crisis, porque se acumulan los beneficios de una manera desproporcionada en las empresas y la economía no gana competitividad al no bajar los precios. Este proceso sólo tendrá lugar con un regulador fuerte, independiente y profesionalizado. En España, una reforma del regulador sobre esas líneas depararía grandes beneficios para los usuarios y para la competitividad de la economía, facilitando la entrada de nuevas empresas y reduciendo las cargas administrativas del sector.

Una regulación inteligente resulta clave para el buen funcionamiento de los mercados. Una excesiva regulación del mercado de trabajo, produce, típicamente, elevados costes a las empresas y no genera un escenario con mayor empleo de cierta estabilidad. En ese entorno, las empresas desaparecen con una crisis. Pero, en el otro extremo, un mercado de trabajo muy desregulado provoca que la mayoría de las empresas lleven a cabo contrataciones a muy corto plazo, dañando enormemente la capacidad de crecimiento, al no mejorar el capital humano de los trabajadores.

En todo caso, una adecuada regulación de un mercado tan complejo como el de trabajo exige adoptar una perspectiva amplia para que tenga éxito. No se trata sólo de establecer normas para contratar o despedir trabajadores. Ha de tenerse en cuenta los mecanismos de fijación de salarios -si éstos se fijan en empresas, en sectores, o en un ámbito nacional-, la protección general de los empleados, especialmente en el caso de desempleo, la fiscalidad sobre la renta y las políticas de formación a los trabajadores. Sólo con una visión global se podrá mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo para que se genere más empleo.

Las reformas institucionales en España deberían mejorar sustancialmente la efectividad de los gobiernos a todos los niveles -central, autonómico, local-, elevar la calidad regulatoria, garantizar la aplicación y cumplimiento de las leyes y reducir en gran medida la corrupción. En todos esos ámbitos, las posibilidades de mejora en nuestro país son enormes y la mayoría de ellas no exigirían un aumento del gasto público o de los impuestos, o una pérdida de empleo en el mercado de trabajo. Datos recientes del Banco Mundial, indican que sólo cuatro países de los 27 que componen la UE presentan peores resultados que España en cuanto a calidad institucional.

España necesita voluntad política para enfrentarse a intereses creados que consiguen ingresos de los ciudadanos y de las empresas de manera no competitiva, y que profundicen en este reformismo progresista.