El ministro de Hacienda y Administraciones Púbicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que había advertido a "varias" comunidades autónomas del "riesgo de incumplimiento" del objetivo de déficit de 2012. Aunque se negó a dar nombres, todo hace indicar que Andalucía se encuentra entre ellas.

Montoro explicó que esta advertencia significa que "ponemos en marcha los mecanismos previstos en la Ley de Estabilidad, que comienzan con una reunión bilateral con cada comunidad autónoma para clarificar las medidas que están tomando y garantizar la corrección de las mismas para que se obtenga el objetivo de déficit de 2012, el 1,5%".

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que tampoco mencionó a ninguna, agregó que en plazo de siete días se mantendrá esa reunión bilateral y, en el caso de que se detecte algún tipo de infracción, se elevará al Consejo de Ministros para que apruebe una advertencia. Este procedimiento podría acabar con la intervención.

Fuentes del CPFF fijaron el número de comunidades autónomas advertidas en ocho: cinco de ellas por retrasos en la ejecución de los ajustes presupuestarios y las tres restantes por falta de información.

En concreto, estas mismas fuentes señalaron a Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Baleares o Asturias. A la comunidad autónoma andaluza la situaron en el primer grupo.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Agayo, que en la rueda de prensa posterior se quejó del tono "imperial" de Montoro en el CPFF, negó que se hubieran dado nombres y dijo desconocer que Andalucía estuviera entre las comunidades autónomas advertidas. El consejero Andreu Mas-Colell, con Cataluña también inmersa en este proceso, resultó más explícito si cabe: "Nos han tratado como criaturas, como súbditos". Y descalificó al propio CPFF: "La próxima vez, mando un correo electrónico". Montoro despachó las críticas del catalán destacando el importante papel institucional que tiene este órgano multilateral.

Más allá de este proceso de las advertencias, que Montoro encuadró en el compromiso "claro y contundente" con la estabilidad presupuestaria para romper "el círculo vicioso en el que estamos inmerso", los nuevos objetivos de déficit fijados por el Gobierno para el periodo 2012-2014 centraron gran parte del CPFF.

Tras la revisión del déficit nacional, que el Eurogrupo rebajó en un punto para 2012 (6,3%), el Gobierno se tuvo que emplear a fondo para mantener 1,5% entre las comunidades autónomas. Cuatro de ellas, Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias, votaron en contra en el CPFF, y dos más, Castilla y León y Extremadura, ambas del PP, se abstuvieron. Galicia, que inicialmente se mostró muy crítica, optó por no resquebrajar más el frente popular.

La tensión en el seno del PP comenzó incluso antes del CPFF. Montoro y el vicesecretario general del PP para asuntos autonómicos, Javier Arenas, se vieron obligados a suspender a mediodía una comparecencia de prensa prevista en la calle Génova al no haber unanimidad entre las comunidades autónomas populares. Con todo, pese a la insistencia de las críticas en solicitar un reparto del punto de margen concedido por la UE, el ministro de Hacienda y Administraciones, apoyado principalmente en la Comunidad de Madrid, sacó adelante los objetivos de déficit previstos por el Gobierno para el periodo 2012-2014: 1,5%, en 2012; 0,7%, en 2013; 0,1%, en 2014. Y un superávit del 0,2% en 2015. Además, les exigió un plan plurianual para el periodo 2013-2015. En una actitud "desafiante", según algunos presentes, calificó la exigencia de las comunidades autónomas críticas de "una demanda de relajación" frente a la necesidad de "aplicar realismo en el escenario económico" que él encarnaba. Más o menos igual de inflexible se mostró Montoro y su equipo con el reparto del incremento del Impuesto de Valor Añadido (IVA). En la rueda de prensa posterior, comentó que las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán beneficiarse de él a partir de 2013; en concreto, en la liquidación de 2012, que se producirá en 2014. Este incremento pretende destinarlo el Gobierno a las pensiones, a las desviaciones en las cuentas de la Seguridad Social y a los intereses de la prima de riesgo.

Aunque no estaba en el orden del día -y finalmente no se abordó-, otro de los platos fuertes resultó ser los hispabonos. Al rechazar cualquier intento de "mutualizar el riesgo", el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas prácticamente los enterró en la rueda de prensa posterior al CPFF. Como alternativa, para las comunidades autónomas que no puedan hacer frente a futuros vencimientos, planteó la creación de fondo, respaldado por el Tesoro, que conllevará un reajuste presupuestario para aquellas que hagan uso de él. Hoy está previsto que lo estudie el Consejo de Ministros. El CPFF dio el visto bueno al Plan Económico Financiero presentado por el Principado de Asturias.

De esta manera, el Ministerio sacó ayer una especie de tarjeta amarilla en el CPFF. A pesar de que Montoro rehusó una y otra vez identificarlas y concretar el número, por exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, adujo, y dijo que "sí o sí" todas, las diecisiete comunidades, cumplirán con ese objetivo. Y lo harán con independencia del color político de sus gobiernos, sean del partido que sean, porque si algo tiene "clarísimo" el Gobierno, advirtió Montoro, es que sólo existe una opción: cumplir.

El Gobierno central tiene claro que es una prioridad absoluta el cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de todas las administraciones públicas.

A partir de ahora, y en un plazo que no irá más allá de finales de julio, Hacienda mantendrá reuniones bilaterales con cada una de las comunidades "amonestadas" ayer, para analizar detalladamente su ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las medidas de ajuste a las que están comprometidas para alcanzar ese 1,5 % de déficit previsto.