El pleno de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado investigar al presidente catalán, Artur Mas, a la vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consejera de Educación, Irene Rigau, por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional el 9-N. En una decisión adoptada por mayoría, los seis magistrados del pleno TSJC han decidido admitir a trámite las querellas por el 9-N interpuestas tras la resolución del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre de 2014 que suspendió la consulta alternativa sobre la independencia, entre ellas la de la Fiscalía.

El TSJC agrupará ahora las denuncias aceptadas sobre el 9-N en la querella más antigua, que fue la presentado por Manos Limpias, e investigará la presunta desobediencia del gobierno catalán a la resolución del Constitucional, "así como todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados", según ha informado el alto tribunal catalán. En un pleno extraordinario, los seis magistrados que componen la sala civil y penal del TSJC han debatido durante más de cuatro horas sobre la admisión a trámite de las 7 querellas y 25 denuncias interpuestas ante el alto tribunal por presuntas responsabilidades penales en la celebración de la consulta alternativa del 9-N.

De todas esas denuncias, el alto tribunal ha resuelto investigar las relativas a la presunta desobediencia de la resolución del Constitucional del 4 de noviembre que suspendió la consulta y dirigidas contra Mas, Ortega y Rigau, por lo que quedan descartadas todas las referentes a hechos anteriores a ese día. Por el contrario, el TSJC ha rechazado las denuncias y querellas presentadas contra la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, los miembros de la Mesa Anna Simó (ERC), Lluís Corominas (CDC), Josep Rull (CDC) y David Companyon (ICV), así como el consejero de Interior, Ramon Espadaler, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, y el líder de ERC Oriol Junqueras.

Contra la admisión a trámite de las querellas cabe recurso de súplica ante la misma sala del TSJC, una vez esté notificado el auto que argumentará el acuerdo de este lunes, lo que está previsto a partir del próximo 8 de enero. Los seis magistrados, que estaban directamente implicados en la cuestión porque en todos ellos habían recaído denuncias o querellas por el 9-N, han decidido agrupar la investigación en un único procedimiento. Ello implica que será el magistrado Josep Manuel Abril, designado por el Parlamento como miembro del TSJC, el que dirija la instrucción de la causa, aunque inicialmente la querella presentada por la Fiscalía acabó -de acuerdo con las normas de reparto- en manos del juez José Francisco Valls, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

La resolución se centra en investigar la supuesta desobediencia al Constitucional en el 9-N, pero deja abierta la puerta a añadir a la causa otros delitos, como los otros tres que mantenía la querella de la Fiscalía de Cataluña: prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de atribuciones judiciales. La admisión a trámite de la querella solo es impugnable ante el TSJC, pero si, ante un eventual recurso, el alto tribunal catalán decidiera mantener su investigación y practicar diligencias, sería el Tribunal Supremo (TS) quien tendría la última palabra. La sala civil y penal del TSJC está integrada por su presidente, Miguel Ángel Gimeno, y los magistrados Maria Eugenia Alegret -que también presidió la institución-, José Francisco Valls, Enric Anglada, Josep Manuel Abril y Carlos Ramos, estos dos últimos designados a propuesta del Parlamento.