El vicepresidente económico, Pedro Solbes, se ha enfrentado hoy a la oposición al defender el papel del Gobierno en la reforma del modelo de financiación autonómica, ya que plantea, mediante una negociación bilateral y multilateral, reforzar el Estado de bienestar en todas las comunidades.

Las explicaciones de Solbes en el Congreso no han contentado a los grupos de la oposición, especialmente al PP, que ha reclamado un modelo solidario con todas las comunidades autónomas, y a los partidos catalanes, que han acusado al Ejecutivo de no cumplir el Estatuto de Cataluña y de abogar por una negociación multilateral cuando dicha norma defiende la bilateralidad.
Tanto CiU, en la oposición en Cataluña, como ERC e ICV, socios en el Govern, han coincidido en sus críticas al Ejecutivo y a su propuesta para reformar el modelo de financiación de las autonomías, no así el PSC, cuyos diputados no han tomado la palabra en el debate.

El ministro de Economía y Hacienda, quien ha comparecido en virtud del acuerdo que alcanzaron la semana pasada el Gobierno e ICV, en principio a favor de que el compareciente fuera el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recordado los pilares de su propuesta, ya conocida por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de julio.

La garantía de que los servicios básicos estarán financiados suficientemente al margen del lugar en el que resida el ciudadano, el compromiso de que el Estado inyectará más recursos al modelo o la necesidad de una mayor corresponsabilidad fiscal de las autonomías son algunos de estos principios.

Pero Solbes ha puesto énfasis en remarcar que la propuesta está sujeta a revisión, y por ello, seguirá negociando con las Comunidades Autónomas, pero también ha dejado claro que hay aspectos inamovibles para el Ejecutivo, entre ellos que el Estado necesita recursos propios, y más en un contexto económico como el actual.

Ese ha sido uno de los argumentos que más han reprochado los partidos catalanes. CiU, ERC e ICV han incidido en que el nuevo sistema no debe apoyarse en un reparto de los ingresos en el que la Administración estatal se asegure la percepción del 50 por ciento de los mismos, pues, según han explicado sus portavoces, el gasto en los últimos años ha sido mayor en las Comunidades Autónomas. También han censurado el incumplimiento que, a su juicio, ha cometido el Gobierno con el Estatuto de Cataluña, y han presionado a Solbes para que la negociación dé prioridad a las negociaciones bilaterales.

Las críticas han sido unánimes. El diputado de CiU, Josep Sánchez-Llibre, ha acusado al Ejecutivo de "maltratar seriamente a Cataluña"; el portavoz de ERC, Joan Ridao, ha afirmado que la propuesta de Solbes se parece al Estatut "como un huevo a una castaña"; y el diputado de ICV Joan Herrera ha pedido al vicepresidente "un cambio de actitud".

Solbes ha negado cualquier "discriminación" a Cataluña y ha reiterado que su propuesta cumple "en forma y en contenido" el Estatuto, y en respuesta a las exigencias de CiU y de ERC de que la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 no se desligue de la del nuevo sistema de financiación, ha insistido en que son procesos diferentes. Además, ha reconocido que Cataluña está en una situación financiera difícil, si bien ha descartado que sea "la primera, la segunda, ni probablemente la tercera" comunidad que tenga más dificultades.

El ministro también ha recibido críticas del PP, del PNV, del BNG y de CC. El portavoz económico del grupo popular, Cristóbal Montoro, ha destacado que difícilmente podrá el Estado aportar más recursos al modelo a raíz de la crisis económica y ha incidido en que si de algo adolece la propuesta de Solbes, es de falta de claridad.

En definitiva, el vicepresidente ha defendido la actuación del Gobierno en todo el proceso y ha rechazado cualquier incumplimiento por su parte, así como ha definido el horizonte para la aplicación de la reforma: en vigor en 2009 y "en plena vigencia" en 2011.