La Dirección General de Tráfico (DGT) adjudicó en 2006 la gestión de los cursos de recuperación de puntos a la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), presidida por José Miguel Báez (Zaragoza, 1942), por un máximo de diez años. A finales de 2014, la DGT licitó un nuevo concurso. Pero el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc), organismo del Ministerio de Hacienda que se encarga de analizar los recursos en contratos del Estado, lo anuló a petición de la plataforma Audica y el licitador AEOL, y obligó a reformularlo. La licitación fue lanzada definitivamente en marzo de 2015. La CNAE, -que formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Formaster, ECT e ITT- se hizo con tres de los cinco lotes en los que se dividió el territorio bajo jurisdicción de la DGT -toda España salvo País Vasco y Cataluña-. Los otros lotes fueron adjudicados a Pons Seguridad Vial y a una UTE de la Fundación UNED. Todos los licitadores recurrieron al Tacrc, y aunque éste ha ido dando la razón a la CNAE, el concurso aún no está resuelto en su totalidad. Mientras tanto, la CNAE sigue gestionando los cursos con una ejecución obligatoria del contrato que se prorroga mes a mes. A principios de julio, se divulgó la grabación de una reunión fechada en el verano de 2013 entre Báez y la subdirectora de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera. La conversación le ha costado el cargo a Carrera, acusada de pactar las condiciones del pliego para beneficiar a la CNAE, y ha puesto en duda la gestión de los cursos de reeducación.

-¿La grabación es cierta?

-La grabación es ilegal a todas luces por la parte que a mí me toca y supongo también que por la parte de la funcionaria. Mi voz es mi voz y la de ella, también. Corresponde a parte de una entrevista que mantuve en la DGT. Calculamos que está hecha en el verano de 2013, pero no puedo garantizar que el contenido sea exactamente ese. Puede haber habido variaciones o cortes. No lo puedo recordar.

-A partir de esa grabación, se le acusa de intentar amañar el concurso. ¿Qué dice usted?

-Eso es absolutamente incierto. No hay ningún amaño. La ex subdirectora adjunta de la DGT nos pregunta nuestra opinión como parte interesada en temas de tráfico, como nos han preguntado en los últimos años sobre muchas otras cuestiones. Somos una organización que tiene más de 50 años de vida. Durante todo este tiempo, hemos despachado con gobiernos, partidos políticos, sindicatos y cualquier agente social. Si usted oyó la grabación, verá que yo no voy ni preparado.

-¿Cómo se canalizan los ingresos de los cursos de recuperación?

-Si usted pierde puntos, y decide recuperarlos, tiene que hacer un curso que pasa por una cantidad que ingresa en una cuenta de la CNAE. No hay dinero público alguno. El 80% va directamente para las autoescuelas que hacen la recuperación de puntos, y el resto va para mantener nuestra infraestructura y una serie de acciones que hacemos, como ayudas a las víctimas, o estudios.

-¿De dónde proceden los ingresos de la CNAE?

-La CNAE tiene otras fuentes de ingresos, como las cuotas de los asociados, que por cierto bajaron al 50% hace unos años, y son absolutamente simbólicas, unos cinco euros al mes. Y tenemos una serie de acuerdos con compañías petrolíferas, aseguradoras, financieras... Nuestras cuentas no sólo se auditan externamente, sino que son aprobadas por los órganos de gobierno de la confederación.

-¿Qué ingresos han supuesto los cursos de recuperación?

-Según los datos que leo por ahí, estamos hablando de unos ciento y pico millones brutos en los últimos diez años. De ahí, parte va para el IVA, se paga a los centros y se paga la infraestructura de la casa, las ayudas a víctimas y los estudios universitarios. Y lógicamente, el dinero sobrante pasa a fondo de reserva de la casa.

-Para acudir al segundo concurso, la CNAE solicitó 800 euros a las autoescuelas interesadas. ¿A qué se destinó?

-Los órganos de gobierno acordaron que los centros que quisieran acceder a este concurso pagaran los gastos que pudieran generarse, sin que el resto de asociados tuvieran que afrontarlo. Por ejemplo, las inspecciones de los centros, que además de CNAE las han hecho una empresa externa; los abogados o el equipo técnico. De 8.500 autoescuelas, se presentaron unas 600. El pliego pedía 295 y nosotros hicimos una mejora y ofrecimos finalmente 360.

-La Comisión Nacional de la Competencia emitió en 2009 un informe en el que entendía que el sistema de recuperación restringía la competencia. ¿Qué opina?

-Ese informe también tenía la misma trascendencia para las ITV, las farmacias... El sistema por puntos ha sido un gran acierto para bajar el número de víctimas junto con la reforma del Código Penal. Y le recuerdo que fue aprobado en el Congreso sin ningún voto en contra y fue muy aceptado por la sociedad española. Curiosamente, el ministro ahora en funciones recibe en 2013 a representantes de Audica, un grupo que ni siquiera está formado como asociación en ese momento, junto a Crenades&Calvo-Sotelo, un despacho de abogados de influencia que le da soporte. Posteriormente, ese despacho hace un memorándum en el que dice que el Grupo Popular ha presentado unas enmiendas en la Comisión de Interior del Senado que cubren sus reivindicaciones. Eso demuestra un presunto apaño entre el actual ministro en funciones, la ex directora general y este grupo para que se liberalice el sistema del carné por puntos a través de la reforma de la Ley de la Seguridad Vial. Pero los senadores del Partido Popular deciden dar marcha atrás y retiran las enmiendas en el Pleno de debate.

-¿Qué proponía ese grupo?

-La liberalización de los cursos de recuperación de puntos, porque entre otras cosas, cobraba una cantidad importante por cada centro que abriera.

-¿Por qué se oponen a este nuevo sistema?

-Nosotros entendemos que cuando una cosa funciona bien se debe mantener. Estos cursos están contrastados por dos universidades con una calificación excelente. Si no se llevan de una manera seria y no se evalúa el contenido o la asistencia, no valen para nada. Con los medios de la DGT, si ni siquiera hay examinadores para cubrir la demanda del país, dígame cómo va a controlar este tipo de cursos. Primero, que arreglen lo prioritario, que son los exámenes de conducir, con provincias donde hay demoras de hasta dos meses. No nos oponemos a que haya cambios. Nos oponemos a que se hagan mal, que es diferente.