La Guardia Civil ha detenido a dos personas en el marco de la operación 'Pitiusa' en relación a una presunta trama de corrupción que se desarrolló durante los años 1998 a 2007 en el Ayuntamiento de Sant Josep (Ibiza) y reveló que habrá nuevos arrestos. Según informaron fuentes del cuerpo armado, los detenidos son Antonio Julián H. C., hijo del ex arquitecto municipal, y su pareja, también arquitecta, María del Pilar F.P.  

La Guardia Civil registra una inmobiliaria propiedad de los detenidos, así como el propio Ayuntamiento de Sant Josep, con el fin de encontrar expedientes en los que se puedan recabar indicios sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias de los que se imputa al ex arquitecto municipal.  

Según fuentes municipales, el registro se inició a las 11:00 y podría extenderse hasta bien entrada la noche. En él participan activamente los técnicos de la Concejalía de Urbanismo y demás trabajadores del departamento para facilitarles la información que estos precisan. El contingente de efectivos del cuerpo que examina el Consistorio podría superar los diez.   

Según expusieron desde la Guardia Civil el caso está bajo sumario, por lo que no se hará distribuirá información alguna sobre la documentación requisada.   

El concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, informó que el ejecutivo apoyará todas las acciones emprendidas para dilucidar un asunto que, recordó, denuncia desde que estaba en la oposición. Además se mostró contento de que se investigue "algo que se estaba haciendo mal y que se castigue a los culpables".

Los hechos, que fueron denunciados en agosto de 2005 por el Grupo de Estudios de la Naturaleza, GEN-GOB de Eivissa, se hicieron públicos en noviembre del mismo año cuando la Fiscalía de Medio Ambiente notificó a la agrupación ecologista la apertura de diligencias por un presunto delito de tráfico de influencias en el caso de la urbanización ilegal de Cala Molí, ya que el proyecto al que se otorgó la licencia era obra de la nuera del arquitecto municipal, Pilar Fernández.

No fue hasta un año después, en diciembre de 2006, cuando el entonces alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, aceptó la renuncia del arquitecto municipal imputado entonces por quebrantamiento del código deontológico tras la personación en su contra del Colegio de Arquitectos de Balears.

En este sentido, el ex alcalde remarcó haber conocido a través de la prensa que el técnico aparecía en un vídeo donde se demostraba que incompatibilizaba su cargo público con la actividad privada en varios proyectos urbanísticos que fueron redactados por su nuera, miembro de su despacho particular.  

En la actualidad el arquitecto se encuentra imputado por quebrantamiento del código deontológico tras la personación en su contra del Colegio de Arquitectos de Baleares.