No se puede decir que no estuvieran avisados, pero los 17 ayuntamientos granadinos a los que el Gobierno ha retenido los anticipos a cuenta del mes de octubre hacen frente desde ayer a una situación indeseable en la que llegar a fin de mes, pagar las nóminas y cumplir con los servicios básicos será un poco más complicado.

El Ministerio de Economía y Hacienda se puso en contacto ayer con los 17 consistorios granadinos para comunicarles que, puesto que no han presentado la liquidación de presupuestos de 2010 antes del plazo fijado, el pago de su participación en los tributos del Estado será bloqueado. Para recuperarlo, a los ayuntamientos les bastará con enviar la información que se les exige en virtud de la Ley de Economía Sostenible. Una vez que cumplan con esta obligación, el Ministerio de Economía reintegrará a las arcas municipales los anticipos retenidos en el pago inmediatamente posterior.

Según la información facilitada por el Ministerio de Economía y Hacienda, no recibirán las transferencias por su participación en los impuestos del Estado los ayuntamientos de Alamedilla, Almuñécar, Busquístar, Chauchina, Galera, Gor, Los Guájares, Güevéjar, Huéneja, Ítrabo, Láchar, Murtas, Pampaneira, Pórtugos, Sorvilán, La Tahá y Valle del Zalabí.

Así que de los 168 municipios granadinos, sólo 17, que representan apenas un 10,1%, se verán afectados por este bloqueo de los fondos del Estado. A principios de septiembre, cuando se publicaron los datos provisionales de la liquidación de presupuestos de las entidades locales, casi un centenar de ayuntamientos no había comunicado al Estado sus cuentas de 2010. Un mes más tarde, esa cifra se había reducido considerablemente, lo que significa que el temor a no poder contar con las transferencias del Gobierno central ha sido mayor que las dificultades para cerrar la liquidación de presupuestos del pasado ejercicio.

La Ley de Economía Sostenible establecía en principio que aquellas entidades locales que incumplieran la obligación de remitir al Ministerio de Economía toda la información relativa a sus cuentas antes del 31 de marzo del año siguiente, verían retenido a partir del mes de septiembre el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado. Sin embargo, el Gobierno decidió ampliar seis meses el plazo fijado y mandar una carta a cada administración para recordarle la obligatoriedad de auditar las cuentas antes de ver bloqueados unos ingresos de los que depende en buena medida el funcionamiento de las entidades locales.