La sentencia dictada este verano por la Audiencia Provincial de Granada que puso punto y final al caso Nevada en la vía penal (aunque los condenados hayan solicitado amparo al Tribunal Constitucional, el fallo es firme) ha sido, sin duda, la resolución del año. Pese a que en ella se ampliaban los metros a derribar del centro comercial de Tomás Olivo, se añadía a los concejales que votaron a favor de la licencia en la lista de condenados y se endurecían las penas, la sentencia rechazó que el macroedificio fuese demolido en su totalidad. Por lo que finalmente, una vez que Junta, promotora y Ayuntamiento de Armilla se pongan totalmente de acuerdo en los flecos que quedan por cortar para legalizar en la vía administrativa el centro y se tiren los metros ordenados, acabará siendo terminado y podrá abrir sus puertas. De hecho, Olivo anunció recientemente a este diario que pretendía retomar las obras en su interior a principios del año que está a la vuelta de la esquina.

La resolución, de más de cien páginas y que se notificó a las partes el 29 de julio, dobló las penas a los condenados, pues elevó de siete a 15 meses los castigos de prisión para el ex alcalde socialista de Armilla José Antonio Morales Cara y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, y les impuso además duras penas de inhabilitación para ejercer como regidor o concejal:  ocho años y medio a  cada uno.

Para el empresario, dueño de General de Galerías Comerciales S.A., el tribunal le impuso igualmente 15 meses de prisión, un período en el que asimismo estará inhabilitado para ejercer su profesión de promotor inmobiliario. Además, tendrá que pagar una multa de 10.800 euros.

En cuanto a los delitos, no hubo cambios, ya que la Audiencia coincidió con el juez que enjuició el caso, el magistrado Antonio Aguilera (Penal 3), en que el ex regidor y los munícipes cometieron un delito de prevaricación urbanística, al votar a favor de otorgar la licencia al promotor pese a existir informes negativos. El delito de Olivo: ocupar con ladrillo y cemento zonas verdes.

En la primera sentencia, la que dictó el juez Aguilera, éste ordenó derribar 1.446 metros cuadrados de la esquina suroeste del centro, una demolición parcial que ratificó la segunda sentencia, si bien, los magistrados de Plaza Nueva añadieron otros 1.000 cuadrados a la superficie construida ilegalmente que las máquinas deberían de tirar. Se trata de la parte del edificio que ha invadido "el camino viejo de Alhendín" y que habría que derribar salvo que "en ejecución de sentencia sean compensados estos metros con otros de los terrenos adyacentes". 

A los cuatro ediles que inicialmente habían sido absueltos, Miguel Ángel Porcel, Dina Romero, José Pérez y Francisco de Sales Ocaña, la Audiencia los consideró tan autores del delito de prevaricación como al ex alcalde y el ex concejal, pues participaron y votaron en el mismo acto por el que éstos fueron condenados: la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de 30 de septiembre de 2005, en la que se dio luz verde a la construcción del Nevada pese a no contar con el informe jurídico preceptivo -desapareció del expediente- y existir otros en sentido desfavorable. La pena para ellos es menor: el tribunal los condenó a 8 meses de prisión y 8 años de inhabilitación.

Al no tener  ninguno de los procesados antecedentes penales y ser las penas inferiores a dos años, nadie ha tenido que pisar el Centro Penitenciario de Albolote. Cabe recordar en este punto que, tras conocer el fallo de la Audiencia, además de recurrir al TC, los condenados pidieron la nulidad de la sentencia, sin que de momento  se haya pronunciado  el tribunal granadino al respecto. En cuanto a las intenciones del promotor de reanudar en enero las obras de cara a abrirlo en octubre o noviembre de 2012, Olivo podría toparse con una traba que le impediría hacerlo, pues para retomar los trabajos necesita una licencia de obra emitida por el Ayuntamiento y posteriormente ratificada por la Junta.

A prisión la madre de un alumno

En agosto, Estefanía C.,  la madre que agredió a la maestra de su hijo de 5 años en el colegio público Federico García Lorca de Fuente Vaqueros ingresó en prisión. Había sido condenada por el Juzgado de lo Penal 1 a tres años de cárcel por un delito de atentado. La mujer agredió a la docente después de enterarse de que el menor no había podido comerse su bocadillo durante el recreo. El juez impuso a la acusada, de 23 años, también el pago de una multa por una falta de lesiones y que indemnizase a la víctima con 300 euros. Los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2010. La  mujer cogió del pelo a la profesora de su hijo, le propinó un empujón y la lanzó contra la pizarra. Su condena fue  tachada de histórica.

El juicio de la A-7, en febrero

Seis años han transcurrido desde el trágico accidente de la A-7 y, por fin, ya hay fecha para el juicio: comenzará el próximo 1 de febrero en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril .La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, pide penas de entre tres años y medio y cuatro años de cárcel para cada uno de los once acusados por el siniestro. Ocurrió a finales de 2005, al desplomarse una estructura metálica en un viaducto en construcción de la autovía A-7, en Almuñécar, y costó la vida a seis trabajadores, cinco de ellos portugueses. En la causa están personados los sindicatos UGT y CC OO, que acusan por delitos de homicidio imprudente, lesiones  y contra los derechos de los trabajadores.

Exhumaciones de niños robados

El 9 de julio , la fiscal jefe provincial de Granada, Ana Tárrago, autorizaba por primera vez  la exhumación de los restos de uno de los supuestos bebés  robados en la provincia. Se llevó a cabo en el cementerio de Padul. En octubre,  ordenó  que se llevase a cabo una nueva exhumación. La Fiscalía aún no ha recibido los resultados del cotejo de ADN en ambos casos. En Granada, un centenar de  familias granadinas sospechan que sus retoños no fallecieron al nacer y pudieron ser robados en los hospitales. Miembros de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) y familiares de los bebés se han manifestado varias veces en protesta por el archivo de las denuncias.

Se hace justicia con Conchi Peñate

22 años y medio de prisión. Ésa es la condena que impuso a finales de noviembre la Audiencia de Granada a  Francisco Perera Sarmiento, el hombre que el 26 de febrero de 2009 arrolló en la A-44 intencionadamente a su ex mujer, la vecina de Lanjarón Concepción Peñate, tras haberla maltratado en vida. El tribunal consideró al acusado autor de tres delitos: uno de asesinato, otro de violencia familiar habitual y otro de maltrato de obra. Concepción, según la sentencia, fue víctima de violencia de género, y su agresor, de 69 años, ejercía sobre ella tal "poder de dominación", que le exigía "la más completa sumisión y la dedicación más absoluta a su persona".

Caso Alhambra: la esperada pericial

La investigación judicial del presunto fraude en la venta de entradas y accesos a la Alhambra y el Generalife está prácticamente agotada. Es probable que durante el año que entra la causa pase a la fase de preparación del juicio oral, tras haber recibido el juzgado de Instrucción 6  de la capital  uno de los  principales informes periciales encargados para calibrar el alcance de las supuestas irregularidades. De dicho documento se desprende que el perjuicio económico del BBVA a la  Alhambra superó los 621.000 euros, y revela que varias sucursales de Granada y otras provincias facilitaban por sistema billetes a guías y no le dieron al Patronato el dinero de las miles que anularon.

Casi 140.000 diligencias

La Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2010 fue presentada en junio por el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quien mostró su preocupación por la aparición de nuevas formas de corrupción, como el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) gestionados por la Junta. En cuanto a los datos locales, las diligencias previas por delito incoadas en Granada crecieron levemente, pasando de las 139.068 registradas en 2009 a139.412. El balance del Ministerio Público destacaba como dato provincial  relevante un notable descenso  (de un 20%) registrado  en los robos con violencia e intimidación, y también en los robos con fuerza en las cosas.