No comenzó el año con buenas noticias para las aulas granadinas. Nada más volver de las vacaciones de navidad, se dio a conocer el robo que había sufrido el colegio público José Hurtado, cuyo equipamiento fue desvalijado por valor de más de 18.000 euros. Este episodio generó un debate sobre la seguridad de los centros públicos educativos en la provincia, pues la alarma del colegio había estado desactivada durante las tres semanas que duraron las fiestas, dejando el camino libre a los atracadores.  

La nueva gestión de centros (ROC), que había entrado en vigor el curso antes, delega en los equipos directivos la distribución de los fondos (para tener más autonomía) y, dado que los efectos de la crisis económica ya se estaban dejando notar en el curso 2010-2011, la seguridad fue una de las primeras partidas en sufrir recortes.

Para hacer un balance del año en el área educativa habría que dividir 2011 en dos partes, marcadas claramente por los cursos 2010-2011 y 2011-2012. Durante los primeros seis meses del año, que abarcan el núcleo central del pasado curso, la política educativa fue similar a la de cursos anteriores. Con anuncios de la Junta de Andalucía de inversión en infraestructuras para mejorar, ampliar y construir nuevos colegios: 5 millones de euros en enero, otros 15 millones en marzo y 18 millones en agosto. Con la implantación de las nuevas tecnologías en las aulas de Secundaria. Y con la celebración de un proceso de escolarización bajo un nuevo decreto que implantó un baremo y unas áreas más justas para todas las familias.

Pero avanzado el curso volvieron a saltar las alarmas en el país por los recortes en Educación. Era periodo preelectoral (municipales y generales) y el Gobierno había llevado en mayo a los tribunales a tres de las siete comunidades que sobrepasaban en su oferta pública docente el límite de plazas impuesto para frenar la crisis, entre ellas Andalucía, con el 70%. Faltaban un par de meses para que se celebrase la convocatoria de oposiciones en Infantil y Primaria y los aspirantes granadinos (que pugnaban por 3.796 plazas) estuvieron en vilo durante semanas con la amenaza de que no se celebrasen los exámenes. Aunque finalmente el equipo del consejero Álvarez de la Chica logró salvar la convocatoria.

Al final del verano surgieron las primeras quejas de retrasos en los pagos de la Junta a las escuelas infantiles concertadas. Unas 140 guarderías de la provincia denunciaron la asfixia a la que estaban sometidas porque se les adeudaba casi tres meses de financiación de las 8.000 plazas conveniadas. Un problema que también fue resuelto en cuanto comenzó el curso 2011-2012.

Sin embargo, a pesar de las incidencias, las familias granadinas siguen teniendo un grado de satisfacción muy bueno con el sistema educativo. A mediados de mayo la delegada provincial de Educación, Ana Gámez, informó que el 91% de los escolares había conseguido plaza en el colegio deseado como primera opción. Y en septiembre la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la Confederación de AMPAs de Andalucía (Codapa) confirmaron este dato con un estudio que concluía que el 82% de las familias está satisfecha con el centro educativo al que asisten sus hijos.

La Consejería estrenó en marzo una nueva hoja de ruta para frenar el acoso y la violencia en las aulas que ha dado sus frutos antes de concluir el año. Educación, con el respaldo de la Fiscalía Superior de Andalucía, aprobó una ley con cuatro protocolos de actuación (acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género y agresiones al profesorado) que ha reducido en un 30% el fraude en la escolarización, un 20% el absentismo y un 12% las agresiones a profesores.

En las enseñanzas posobligatorias el cambio más significativo se ha producido en la Formación Profesional, que ha vuelto a registrar en 2011 un aumento de la demanda, principalmente en los ciclos de grado superior, donde las prácticas de empresa se han convertido en un incentivo para combatir el desempleo entre los jóvenes. El nuevo modelo de Selectividad ha traído de cabeza a los aspirantes universitarios, porque por primera vez obligaba a los alumnos de FP a examinarse para acceder a una carrera, aunque han vuelto a gozar de algunas ventajas (sólo se han tenido que examinar de la Fase específica) respecto a los de Bachillerato.

Si algo bueno ha dejado la crisis este año ha sido la renovación del interés por la formación, el regreso a las aulas de miles de jóvenes que habían abandonado prematuramente los estudios. Este cambio ha sido tan grande en 2011, que se ha tenido que intensificar el sistema formativo semipresencial y a distancia para absorber la demanda en todos los cursos.

Y, por último, los idiomas, otra de las asignaturas pendientes de la educación andaluza. Con grandes limitaciones, se ha seguido ampliando el plan de bilingüismo. Las escuelas oficiales de idiomas han vuelto a registrar una demanda sin precedentes, sobre todo en alemán, y ofertan por primera vez el nivel máximo de formación (C1).

Educación destapa 20 casos de fraude en la escolarización

Las artimañas para conseguir una plaza escolar en el colegio deseado tienen los días contados en la enseñanza pública. Al menos así lo dijo el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, cuando dio a conocer el pasado mes de octubre el resultado de la investigación que había realizado su departamento sobre el fraude en la escolarización. La alianza entre la Consejería y la Fiscalía Superior de Andalucía había conseguido reducir en 2011 un 30% las reclamaciones en la escolarización. Sin embargo, la Delegación de Educación reveló inmediatamente que en la provincia se habían destapado un total de 20 casos de fraude en el último proceso de escolarización.

Concretamente, 20 de los 60 alumnos investigados en Granada habían perdido los privilegios reglados en las listas de puntuación y fueron reubicados donde había plazas disponibles ya comenzado el curso. Casi la totalidad de los casos de fraude se produjeron en colegios concertados de la capital, donde habían sido investigadas 50 familias, según informó la Delegación, y el resto (10) en centros de Armilla, Huétor vega, Loja y Santa Fe. Aún así, hacer trampas en la escolarización no es una práctica ya común, apenas un 0,3% del total de alumnos que se matriculan en la provincia de Granada. De las 133 reclamaciones recibidas este año, 15 fueron por irregularidades en el domicilio de los alumnos que obligó a revisar la documentación aportada por 60 familias, lo que indica la complejidad del proceso de verificación.