El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Granada, José Torrente, informó ayer de que la auditoría laboral que encargó la institución para comprobar la solvencia de la oferta de empleo público desde 2007 a 2010 confirma las sospechas del Partido Popular de que en casi todos los procesos no se cumplieron con todas las garantías. "Son indisimulados indicios de que había una estrategia para favorecer en procesos selectivos a personas concretas. Había un pastel para repartir y además era con descaro. La Diputación era el Inem del PSOE e IU", denunció.

Puso varias ejemplos de convocatorias supuestamente viciadas. Como las seis plazas para técnico superior en desarrollo, a la que se presentaron 100 aspirantes y solo aprobaron 7 el primer examen, entre esos 7 se encontraba Jorge López, cargo de confianza de IU. A Torrente le pareció curioso que el perfil que se demandaba era de un antropólogo, "la única titulación de él. Se hizo a su medida".

Recordó también que hubo 85 aspirantes para dos plazas de agentes de Igualdad y que solo pasaron 4 el primer ejercicio. Entre los dos finalistas se encontraba la mano derecha de la anterior vicepresidenta y la responsable de Bienestar Social Juana María Rodríguez. Hubo dos plazas de técnico superior de Deportes y 30 personas que las querían. De la primera criba sobrevivieron 7 y una plaza al final se adjudicó al alcalde de Padul, Manuel Alarcón (PSOE). "Curiosamente en el tribunal figuraba la jefa de servicio de Deportes". También hubo 30 aspirantes para una vacante de periodismo. La ganó la persona que estaba ligada al anterior presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler.

Torrente explicó que el documento analizó 30 expedientes de procesos selectivos y que concluye que en todos ellos no estuvo garantizada la custodia de las preguntas más allá de la declaración del acta. "Han podido filtrarse cuestiones. Esto es un escándalo". Contó que había varios casos en que opositores en una convocatoria fueron en otra parte del tribunal que luego le evaluó.

Le llamó la atención que en la página 18 del informe se habla de que en un proceso fueron desapareciendo candidatos de las actas, a pesar de que superaron los exámenes, "sin que conste expresamente lo que ocurre. Eso es manipular las actas. Un escándalo".

A pesar de la auditoría, la Diputación no acudirá a los tribunales porque, según afirmó Torrente, no hay pruebas contundentes. "La verdad es una y la verdad en sede judicial es otra cosa fehacientemente demostrable. Cuando hay sospechas de filtraciones, pero sin demostrar, el camino jurídico es corto", afirmó.