Que la solución a los desahucios dependa de la "buena voluntad" de las entidades financieras genera serias dudas sobre su eficacia. Al menos así lo entienden los miembros de la plataforma Stop Desahucios de Granada, vinculada al Movimiento 15-M, que aseguran que las medidas anunciadas por el ministro Luis de Guindos de poco servirán para atajar el grave problema de los desalojos por impago de la hipoteca.

En los últimos años, Granada ha experimentado un incremento sin precedentes del número de ejecuciones hipotecarias y de lanzamientos judiciales (acto por el que se despoja a una persona de su bien inmueble). Sólo en los tres primeros trimestres de 2011, los desalojos decretados por la Justicia se han disparado un 44%, pasando de 633 a 1.131 desahucios de hecho.

En el caso de las ejecuciones hipotecarias, el leve descenso registrado hasta septiembre de 2011 (de un 8,3%) no esconde la escalada que se ha producido con la crisis en este tipo de procedimientos. En los tres primeros meses de 2007, por ejemplo, se llevaron a cabo 236 ejecuciones hipotecarias; en 2008, 665; en 2009, 1.310; en 2010, 1.452; y en 2011 son 1.331 los granadinos que se han visto envueltos en procesos de desahucio tras dejar de pagar la hipoteca.

Stop Desahucios duda mucho de que estas cifras den un respiro con la entrada en vigor del Código de Buenas Prácticas del Gobierno central. Uno de los miembros de la plataforma granadina, Pepe Iglesias, asegura que los planteamientos de este código "no cambian mucho lo que ya hay", puesto que la actual Ley Hipotecaria también contempla la dación de pago voluntaria. "No se puede apelar a la buena voluntad de los bancos. Son negocios, están pensados para ganar dinero", apuntó Iglesias, que insiste en que todavía hay que esperar a que se concreten las medidas y sus supuestos de aplicación para valorar en profundidad la iniciativa.

En cualquier caso, lo que sí avanzan desde Stop Desahucios es que el proyecto del Gobierno para reducir los desahucios no es más que "un parche" que no soluciona el problema de fondo: que la gente con dificultades para pagar la hipoteca se quedará en la calle. "Se quedan sin casa, sin posibilidad de tener un trabajo legal porque les embargan la cuenta, sin opciones para comprar otra vivienda..." Y eso no hay dación de pago que lo remedie. "Es una situación muy grave que no se regula con estas medidas", señaló Pepe Iglesias.

La postura de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (Adicae) no es muy diferente. El presidente de la asociación, Manuel Pardos, aseguró ayer que la propuesta de permitir la dación de pagos para familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro puede resultar un "fracaso" por las condiciones "draconianas" que se imponen. Según Pardos, en la propuesta del Gobierno hay "una gran ambigüedad" y "errores de concepto". Desde Adicae consideran que De Guindos "se ha acogido a las recomendaciones de la banca" y califican las medidas de "medida de voluntad". De ahí insistan en la necesidad de que se modifique la Ley Hipotecaria, puesto que la actual "es leonina con los usuarios y está anticuada".

Aunque sea una solución provisional, los colectivos implicados en los procesos de desahucios sí valoraron positivamente la posibilidad de aplazar durante tres años los procesos judiciales de embargo de las familias sin ingresos. Según Stop Desahucios, esta iniciativa es una "cuestión de humanidad" que se acerca un poco al cumplimiento del derecho constitucional a la vivienda. Es más, desde Adicae reclamaron que esa moratoria se aplique a todos los procesos judiciales de embargos.

Sin embargo, no deja de ser una medida transitoria, que lo único que hace es dar algo más de tiempo a las familias para buscarse la vida tras un desahucios. Porque, aunque se aplace, al final la casa se la quedaría el banco. Además, también se trata de una posibilidad voluntaria, por lo que deja el problema de los desahucios "en la misma situación".

Aunque resulta difícil fijar una fecha de posibles afectados por los desalojos y, por tanto, beneficiados de estas nuevas medidas, sí se puede determinar qué población cumple al menos uno de los requisitos para considerarse en el "umbral de exclusión" del ministro Guindos. A fecha de 30 de septiembre de 2011, en la provincia había más de 43.100 familias con todos sus miembros en situación de desempleo.