El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada ha dejado sin efecto la venta de la unidad productiva de Grupo Dhul, debido a que los compradores han incumplido las condiciones suspensivas a las que quedaba sujeta la autorización de la operación, según el contenido de un auto del 27 de abril difundido por el despacho Iure Abogados. El pasado 29 de febrero se autorizó la venta de la fábrica de Granada a directivos de la compañía que, junto con varios inversores, habían presentado una oferta de 21,86 millones de euros.

Para que esta autorización tuviese efecto jurídico los compradores tenían que dar cumplimiento en un plazo de 15 días a determinadas condiciones suspensivas. Las condiciones eran la acreditación de la constitución de la sociedad Dulces y Postres de Granada, que es la compradora formal de la unidad productiva, y de que esta sociedad cuenta con todo el capital social o dispobibilidad financiera para atender los pagos y el coste de la reestructuración de plantilla acordada.

Los compradores también tenían que acreditar que la sociedad tiene autorizada o aprobada la subrogación en el préstamo de Banca Cívica que está garantizado con la hipoteca que grava la nave en la que radica la fábrica de Granada.

El plazo para el cumplimiento de estas condiciones finalizaba el pasado 16 de marzo, pero los compradores presentaron ese día un escrito sobre el estado de las condiciones y con la solicitud de ampliación del plazo fijado en 60 días más, una petición que ha sido rechazada por el juez.

Según Iure Abogados, la administración concursal procedió a verificar ese escrito y "el resultado es de incumplimiento de las condiciones suspensivas" por parte de los compradores, que no han otorgado la escritura de constitución de la sociedad ni la han inscrito en el Registro Mercantil.

Esto, agrega el bufete, da lugar a que se ignoren los datos esenciales a los que se vincula la compra, como la identidad de los socios, el capital social o el objeto social. Tampoco han obtenido los compromisos de financiación precisos para afrontar los pagos y el coste de reestructuración de la plantilla, alegando que necesitan más plazo, ni han solicitado formalmente a Banca Cívica la subrogación en el préstamo garantizado con hipoteca.

Por tanto, una vez tomada esta decisión, la administración concursal ha abierto un nuevo proceso para vender la unidad productiva de la compañía. El nuevo proceso, pilotado por Deloitte, será "más ágil" que el anterior, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas, que detallaron que los administradores concursales han iniciado ya contactos con posibles interesados.

Los anteriores adjudicatarios podrán volver a formular una oferta, aunque tendrán que modificar la propuesta planteada en el proceso que ha quedado sin efecto, dado que la empresa está ahora "mejor dimensionada".

Estos oferentes presentaron una oferta de 21,86 millones de euros, en la que se incluía la reestructuración de personal con un ERE extintivo de 48 trabajadores. Esta extinción de contratos ya no procede, dado que se ha acordado un ERE para 83 empleados.