Cuadrar las cuentas municipales sin la mitad de los ingresos procedentes de las transferencias del Estado debe ser una pesadilla, por no decir un cometido casi imposible. Pues bien, 53 ayuntamientos granadinos que se han acogido al plan de pago a proveedores pero que no tienen plan de ajuste -bien porque no lo han presentado o porque el Ministerio de Hacienda lo ha devuelto con una negativa- se enfrentarán a esta situación en los próximos meses. El subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, analizó ayer las consecuencias que el plan de pago a proveedores tendrán en los consistorios granadinos, y lo cierto es que la situación para más de medio centenar de municipios de la provincia es muy, muy complicada.

En su artículo 11, el Real Decreto-ley 4/2012 ya lo dejaba bastante claro: "en el caso de que las entidades locales no concierten la operación de endeudamiento citada, o en el caso de que la hayan concertado e incumplan con las obligaciones de pago derivadas de la misma, el órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas u organismo público competente efectuará las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado". Y ayer el subdelegado del Gobierno aclaró que en principio esas retenciones serían del 50%.

Los 53 ayuntamientos afectados se ven ante esta complicada situación por diferentes causas. Según explicó Santiago Pérez, 12 de esos consistorios se encuentran sin plan de ajuste porque el Ministerio de Hacienda no lo ha valorado de forma positiva, mientras que otros 41 ni siquiera llegaron a remitir el plan, pese a haberse adherido al programa de pago a proveedores y haber solicitado el préstamo para abonar su deuda con particulares. En muchos casos, indicó el subdelegado, esos municipios no han podido enviar su plan porque no ha sido aprobado por mayoría en el pleno municipal.

Pero como los proveedores tienen que cobrar al margen de las disputas políticas o de las poco realistas previsiones presupuestarias de los ayuntamientos, el Estado les pagará y se cobrará ese montante reduciendo a la mitad las transferencias a los consistorios.

Pérez reconoció que esto puede llegar a ser "un gravísimo quebranto económico" para los ayuntamientos granadinos, por lo que el pasado lunes mantuvo un encuentro con los responsables del Ministerio de Hacienda para "buscar la mejor solución" a esta coyuntura. El subdelegado planteó la posibilidad de reducir únicamente un 25% las transferencias del Estado para aquellos consistorios cuya situación económica difícilmente pueda soportar una retención del 50%. Además, también puso sobre la mesa la opción de ampliar a 8 o 10 años el plazo de devolución de las aportaciones adeudadas a los proveedores, con algún año de carencia; y la de 'repescar' a los ayuntamientos que no han planteado su plan de ajuste en la segunda convocatoria del plan de pagos, que previsiblemente se pondrá en marcha para incluir a las entidades locales autónomas y a las mancomunidades.

El objetivo de la Subdelegación del Gobierno es evitar, en la medida de lo posible, la intervención de esos ayuntamientos por parte del Estado, una posibilidad que tampoco entra en los planes del Ministerio de Hacienda. "La idea es agotar todos los instrumentos a su alcance para no tener que intervenir ningún ayuntamiento", indicó Pérez, que explicó que por parte del Gobierno central hay una "gran disponibilidad" para ayudar de forma individual a cada uno de los consistorios y analizar pormenorizadamente sus ingresos y su viabilidad. De cualquier forma, Santiago Pérez recordó que estos ayuntamientos no verán retraídos sus ingresos hasta el mes de septiembre, por lo que tienen por delante cuatro meses en los que podrán adaptarse y preparar sus cuentas.

Pero el caso es que, aunque no sean los técnicos del Ministerio de Hacienda los que hagan las cuentas de los ayuntamientos sin plan de ajuste, metiéndole mano a sus presupuestos -tal y como anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado lunes-, todos los municipios que se han acogido al plan de pago a proveedores estarán más o menos intervenidos. "En los próximos diez años todos los ayuntamientos que están en el plan de pagos van a tener fiscalizadas sus liquidaciones presupuestarias", aclaró Santiago Pérez, asegurando que la presencia de técnicos del Ministerio de Hacienda garantizará un mayor "rigor" de las cuentas municipales.

Así que el Ministerio de Hacienda no sólo 'tutelará' los presupuestos de los 53 municipios que no tienen plan de ajuste, sino que también revisará las cuentas de los 79 ayuntamientos que sí presentaron un documento para adaptarse al pago del crédito y que recibieron una respuesta positiva de los técnicos de Hacienda. En total, por tanto, son 132 los municipios que, en mayor o menor medida, estarán controlados por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

Únicamente conservarán su autonomía plena 36 ayuntamientos de la provincia, que en su momento decidieron no acogerse al plan de pago a proveedores por no contar con una deuda relevante.