La prestación de los servicios sociales está generando un debate político entre la Junta de Andalucía y el PP que cada vez adquiere un tono más elevado. Si el Ayuntamiento de Granada y la Diputación han criticado hasta la saciedad la falta de pago de la Junta para prestar determinados servicios y otros municipios del PP aseguran también que prestan servicios que no les corresponden, la Junta de Andalucía no se ha quedado atrás y ha acusado a ayuntamientos y a la Diputación de mentir sobre la financiación pública y de querer boicotear los programas sociales.

Pero las acusaciones siguen. Hace dos días la delegada de Igualdad dijo que la Junta estudia medidas para evitar que se desvíen fondos sociales a otros asuntos, como puentear a los ayuntamientos y pagar directamente a las empresas. También aseguró que el pago a la Diputación y a los ayuntamientos grandes según marca la ley. Estas declaraciones han tenido respuesta inmediata y ayer el concejal de Familia del Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, y el diputado de Bienestar Social, José Robles, expusieron sus datos sobre la realidad del pago de la Junta de Andalucía y acusaron a la delegada provincial de hacer unas afirmaciones "sectarias, irresponsables y desleales" con los ayuntamientos. De hecho, según Robles, "si no fuera por los ayuntamientos no se estaría prestando la Ley de Dependencia".

Egea desgranó los "recortes" de la Junta en materia social. De hecho, instó a la Junta a convocar de "forma inmediata" la orden de ayuda para programas sociales, que entre 2008 y 2010 se hacía a principio de año, que ya el año pasado se hizo a 13 de junio "y que este año todavía no se ha convocado", por lo que muchos municipios tienen que "soportar" el gasto en el intervalo entre que se convoca y se resuelve.

Según Egea, en la capital los "impagos" de la Junta afectan a miles de personas de zonas de transformación social, a familias desestructuradas y a dependientes. "El año pasado la escuela de verano de la Zona Norte la tuvo que asumir el Ayuntamiento", dijo Egea, quien dijo que como esto está también el centro de emergencias para familias con adicciones, "de los que no han abonado la cantidad de 2012", y la asistencia a más de 300 granadinos que deberían estar atendidos por la Dependencia. De hecho, dijo que la Junta no envía los expedientes para que se haga el PIA de los dependientes moderados, por lo que hay 1.600 personas en la capital que no reciben la ayuda a la dependencia "por culpa de la Junta".

Por su parte, Robles dijo que 4.800 usuarios de la provincia están en esta misma situación y que la Junta debe unos 17 millones a la Diputación. Respecto a la idea de la Junta de 'puentear' a los ayuntamientos que desvíen fondos, Robles dijo que si la idea es "echar a pique a las empresas que prestan estos servicios que lo hagan". Además, acusó a la delegada de imputar delitos a ayuntamientos sin decir quiénes y de querer cambiar un sistema "ahora que la mayoría de las instituciones son del PP".

La delegada de Igualdad respondió acusando a los dirigentes populares de querer confundir a la ciudadanía valiéndose para ello de las políticas sociales.