En el punto 82 se levantaron y se fueron. La oposición en bloque plantó al equipo de gobierno justo en el momento en que Juan García Montero comenzaba a dar lectura a la moción del Partido Popular para reprobar el comportamiento no ejemplar de Paco Cuenca y solicitaba su dimisión. La jugada estaba planeada y en su estrategia, el grupo socialista además de contar con el apoyo de los grupos de IU y UPyD tuvo el respaldo de compañeros de partido como el caso del Secretario de Organización, José Entrena, o el de Política Municipal, Juan Manuel Fernández, y ex alcaldes como José Moratalla, que acompañaron al portavoz y denunciaron el machaque con ataques personales dentro del juego político.

La moción popular nace en relación a las supuestas irregularidades en la adjudicación por parte de la Diputación de Granada del proyecto 'Magrec' a la empresa de la que es titular la pareja sentimental de Cuenca, Artefacto Gestión Cultural, y tras las investigaciones realizadas al respecto por la Fiscalía.

Así lo explicó el portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero quien, después de criticar la actitud del resto de corporativos al salirse de la sala y de recordar que en Diputación el grupo socialista e IU presentaron una moción parecida en relación a los alcaldes implicados en procesos judiciales, decidió no materializar la votación y "dejar este expediente encima de la mesa" para, según dijo, dar "la última oportunidad" a Cuenca de presentar toda la documentación que se le ha solicitado relativa a la actividad empresarial de su mujer: como una relación de facturas, declaraciones de la renta y un documento que acredite que las cuentas de uno y de otro no están vinculadas. "Dejo claro que todo lo que dice la moción no lo decimos nosotros, lo dice la Fiscalía y la justicia, así que demuestre lo contrario para retirar la propuesta del próximo pleno", sentenció.

Por su parte, el protagonista de la 'estampida', Paco Cuenca, tachó de vergonzosa esta situación y declaró que al PP sólo les interesa atacar y amordazar a la oposición. "En esta ciudad hay mucha gente en paro y que está pasando dificultades y lo único que el PP trae a pleno es una moción para que me calle, cosa que no voy a hacer", declaró con contundencia.

La tensión no sólo se vivió en esta moción, en general, fue un pleno tenso, acalorado y para muchos "el más triste de la historia municipal de Granada".

Así lo definió el portavoz de IU, Francisco Puentedura, minutos antes de que se aprobara con los votos del equipo de gobierno (PP) y el rechazo de PSOE, IU y UPyD, la modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) por la que en el próximo mandato los partidos con menos de 3 concejales no podrán formar grupo municipal.

Desde el equipo de gobierno mantienen que la iniciativa busca ahorrar gastos y agilizar el funcionamiento de las sesiones plenarias, de modo que se dará protagonismo en los turnos a quienes defiendan una moción y al equipo de gobierno, que debe justificar si la acepta o no. Evidentemente, razones que para la oposición no tienen lógica alguna cuando se aumentan asesores o hay otro tipos de despilfarros que no se modifican para recortar.

La oposición cree que el cambio del reglamento lo único que supone es un "atentado a la democracia" ya que los grupos que no logren la cuota de ediles pasarán a ser concejales no adscritos y perderán algunos de "sus derechos y obligaciones" para "fiscalizar" la acción de gobierno, como la presentación de mociones y enmiendas, además de que se les recortarán a la mitad los turnos de intervención en los plenos.

La portavoz de UPyD, Mayte Olalla, tachó la propuesta de injusta y subrayó que el PP quiere convertir los plenos "en un mero trámite". Puentedura fue directo y acusó a los populares de pretender que haya "concejales de primera, de segunda y tercera" cuando a su entender los ciudadanos que los han votado deben tener los mismos derechos. Y, por último, el portavoz del grupo municipal socialista mostró su preocupación por lo que considera un intento de "retorno" hacia el "pensamiento único". Además de subrayar que las modificaciones no han sido acordadas con los grupos municipales cuando para el anterior ROM se mantuvieron reuniones durante todo un año.

El caso es que de poco sirvieron todos los argumentos dados por corporativos contrarios al nuevo ROM que, en esta ocasión, van a ir más allá y ante "la dudosa legalidad del cambio" anunciaron que irán a los tribunales.