Zamora pretende ser la pionera en cobrar el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) a la Iglesia y, aunque la medida en Granada ya ha sido rechazada en el pleno municipal, la idea no está ajena de los comentarios tanto de los responsables políticos como de los eclesiásticos.

Ayer mismo, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, aseguró que hablar de supuestos "privilegios" por parte de la Iglesia católica respecto al Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) tiene una motivación "exclusivamente política" y recordó que otras entidades también están exentas de dicho pago, eludiendo así la posibilidad de que se le cargue el tributo.

Preguntado por la propuesta socialista para cobrar el IBI por pisos, garajes y otros inmuebles no vinculados al culto que figuren a nombre de la Iglesia católica y de otras confesiones, el prelado sentenció que la institución religiosa no tiene ahí ningún privilegio en "los cálculos" de lo que ese impuesto representa.

"Lo tienen un montón de entidades deportivas, culturales... de todo tipo", señaló el arzobispo de Granada, que se remitió directamente a declaraciones anteriores de miembros de la Conferencia Episcopal e insistió en que ve "motivación exclusivamente política" en la propuesta.

No sólo Martínez se pronunció ayer sobre la propuesta tributaria. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, tachó la idea de una "polémica estéril" que de materializarse debería extenderse a otros aspectos que también tienen exención de IBI como los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones no gubernamentales. "Básicamente, considero que esto sólo es crear una polémica para tapar la inoperancia socialista y su falta de propuestas en un momento tan difícil como éste".

El regidor incidió en que la medida podría entenderse si fuera "generalista" y se impusiera "a todo el mundo" de forma que todos tuvieran "el mismo nivel de tributación" e instó a los socialistas a que primero "hagan ellos sus deberes" y paguen el IBI que la Junta de Andalucía adeuda al Ayuntamiento de Granada y que ya alcanza los 7 millones de euros.

En el caso de Granada, la iniciativa de pagar el tributo la presentó IU en el mes de marzo pero fue rechazada por los votos populares. La negativa por parte del equipo de Gobierno fue clara y mantuvo el discurso repetido ayer por el alcalde de que la Iglesia ahorra mucho dinero al Estado con su trabajo social y asistencial, además de contar con medios de los que se benefician todos los ciudadanos como es el caso de centros escolares y sanitarios.

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