Granada

La Junta rechaza dos nuevos campos de golf en la Costa y el Cinturón

  • Entre ambos sumaría más de un millar de nuevas viviendas en la provincia, 600 de ellas entre los términos municipales de Salobreña y Molvízar

La Junta de Andalucía ha rechazado en principio los proyectos de construcción de los campos de golf de Los Palmares, que comprende los términos municipales de Salobreña y de Molvízar, y el de Castillo de Tajarja, en Chimeneas, por no ajustarse a los parámetros ambientales y territoriales estipulados para poder obtener la declaración de campo de interés turístico, categoría que permite la construcción de viviendas anexas a la instalación deportiva. Sin embargo, en ambos casos, no se van a quedar de brazos cruzados y tanto la Costa Tropical como El Temple van a continuar peleando por estos dos proyectos, por considerar que se juegan mucho para el futuro turístico de ambas comarcas.

La comisión técnica de calificación ha echado para atrás hasta nueve proyectos urbanísticos vinculados a campos de golf en Andalucía por entender que no cumplen los requisitos exigidos en el decreto que regula las condiciones de implantación y funcionamiento de estas instalaciones deportivas. En concreto, además de los dos campos de golf granadinos, están afectados por esta decisión los proyectos de El Agujetero, en Osuna; y Montellano Golf, en la provincia de Sevilla, el de Finca Corvite, en Almogía; y Las Lomas, en Casarabonela en Málaga; Las Lomas del Duque en Lucena de Córdoba, el de Hoya Áltica, en Almería; y La Joyita Golf en Barbate (Cádiz).Sin embargo, los promotores aun están en plazo de presentar alegaciones contra la decisión, aunque no prosperarán si no es con cambios sustanciales en el proyecto.

En el caso de Los Palmares, el alcalde de Salobreña, Gonzalo Fernández Pulido, aunque deja claro que el Ayuntamiento de la Villa no es parte interesada, porque lo promueve un grupo privado, sí cree en los beneficios turísticos que supondría para el litoral granadino. Por ello, "vamos a seguir peleando". Y las vías por las que lo van a intentar es por el Plan Subregional y por el PGOU de la localidad.

Según Fernández Pulido, "la Costa Tropical necesita de una infraestructura de este tipo", y recuerda que tan sólo existe uno (en Los Moriscos, Motril), cuando los litorales de otras provincias los cuentan por decenas. Además, destaca que se trata de un proyecto "no agresivo para nada medioambientalmente" y completamente "viable".

El alcalde defiende que la zona reúne todos los requisitos como para que esté contemplado este campo de golf en el Plan Subregional y no entiende por qué lo ha echado para atrás la Junta, cuando en vez del criterio general de viviendas por hectárea debería primar un estudio pormenorizado de la comarca en cuestión. "No podemos cerrar puertas al turismo, siempre desde el máximo equilibrio medioambiental", insistió Fernández Pulido. En concreto, este proyecto prevé la construcción de 600 nuevas viviendas.

El otro de los proyectos que también ha echado para atrás la Junta es el de Castillo de Tajarja (Chimeneas), aunque eso no quiere decir que no vaya a ser una realidad en un futuro, según puntualiza la promotora Turismo A Tajarja. El que se ha rechazado por parte de la comisión técnica es un primer procedimiento, el cual ha sido modificado por otro que aplaza los trámites medioambientales a la consecución de la declaración de interés turístico, que comenzará a materializarse en un plazo de cuatro años. Por tanto, el proyecto, de 1.890.000 metros cuadrados y 450 viviendas, forma parte de los que aspiran a conseguir la citada declaración, necesaria para su continuidad.

La tramitación de un campo de golf es muy larga y tortuosa puesto que los expedientes lo aprueban tres consejerías: Turismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y los promotores son conscientes de ello. El expediente se inició en 2010 y "durante este tiempo se han solventado todos los requerimientos que han ido surgiendo y se ha contestado a los departamentos correspondientes", explica Rafael Martínez-Cañavate, consejero delegado. El directivo comenta que "la Dirección General de Planificación Turística nos ha comunicado que el proyecto goza de todos los parabienes", por tanto, están esperando a que se nombre al responsable de Turismo en la provincia para tener una reunión y comentar con él el proyecto. Por lo que sigue adelante.

Martínez-Cañavate señala que ha habido una paralización durante bastantes meses con motivo de las elecciones, y espera que el asunto se agilice, dentro de lo que es normal para una obra de esta envergadura. Fundamental es la consecución de la declaración de interés turístico y, posteriormente, tendrá que lograr también la autorización medioambiental unificada, mediante la que se acreditará la absoluta sostenibilidad medioambiental del proyecto.

Turismo A Tajarja es una empresa propietaria del cien por cien de los terrenos que está intentando "con ilusión y esfuerzo" sacar adelante este proyecto que creen que puede cambiar la fisonomía y el futuro de esta comarca granadina.

El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, recordó que el decreto regula la declaración de interés turístico de los proyectos y que, por tanto, para aprobarla tienen que tener "una vocación claramente turística, en la que el uso deportivo y hotelero sea preferente y, siempre que su impacto en el medio se ajuste a los preceptos ambientales", pero advirtió de que lo que no puede ser es que se utilice la excepcionalidad de la declaración de interés turístico "para colar proyectos eminentemente residenciales y sortear la normativa urbanística y los preceptos que imponen el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) o los planes subregionales". "El decreto no está para eso, pero propiciará todo campo auténticamente turístico", insistió.

Precisamente, el decreto se elaboró tras un larga discusión en el Gobierno para evitar que con un campo de golf proliferen y se consoliden núcleos de población aislados en suelo no urbanizable alejados de las poblaciones y demandantes de nuevos servicios e infraestructuras. En junio de 2010 se modificó para aligerar algunas exigencias, como permitir que las viviendas no computen para el 30% de incremento residencial y 40% de suelo que como tope pueden programar los municipios.

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