La sección primera de la Audiencia Provincial de Granada considera que los ruidos que genera la fábrica Cervezas Alhambra durante su producción y que han sido denunciados en repetidas ocasiones por los vecinos del edificio de viviendas de protección oficial Artillería "deben ser objeto de investigación penal". De esta manera, esta situación se ha visto por la vía administrativa, está por la civil y ahora le va a tocar el turno a la penal.

Al organismo provincial llegó tras pasar primero por el Juzgado de Instrucción número uno de Granada. Los magistrados entienden que se debe investigar, "puesto que el tipo delictivo del artículo 325 del Código Penal (del capítulo de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente) viene configurado por la concurrencia de una acción típica de carácter positivo, consistente en un hacer de provocar o realizar. Esta acción típica se proyecta, directa o indirectamente, sobre una variedad de conductas especificadas en el texto legal como emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones, excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones, depósitos o captaciones de agua".

Los magistrados reflexionan en el auto de manera más general sobre la importancia y las consecuencias del ruido. "La jurisprudencia, además, ha recogido que el ruido es una de las formas comisivas recogidas en el artículo 325 y que la contaminación acústica es uno de los problemas a que se enfrenta la sociedad moderna habiendo merecido atención muy especial por parte de los investigadores e instituciones".

Recuerda que en el caso de Cervezas Alhambra hay mediciones del ruido que superan los límites legales establecidos por las ordenanzas municipales, "llegando a ser calificado en uno de los casos de intolerable. La existencia de un expediente sancionador incoado por la administración no excluiría la existencia de infracción penal".

Los vecinos afectados lamentan que después de más de un año desde que comenzaran a sufrir estos sonidos se haya tenido que llegar a este procedimiento límite. "Entendemos que hay medios para solucionarlo".

Precisamente, el pasado sábado se cumplieron los 45 días que concedió la Delegación provincial de Medio Ambiente a la planta para que tomara medidas que sirvieran para resolver el problema. Por lo que saben y han podido comprobar los vecinos, la fábrica ha hecho caso omiso. Lo saben porque siguen padeciendo los sonidos de la producción.

Incluso sostienen que durante estos 45 días han tenido que soportar más decibelios debido a que las medidas cautelares anteriores (que se basaban en no producir por la noche por encima de lo permitido) fueron levantadas. La Junta de Andalucía consideró pertinente a principios de mayo sancionar a la fábrica con una multa de 20.000 euros por una infracción muy grave y darle un plazo de 45 días para que tome medidas para solucionar el problema. El hecho de que la superación de los niveles de ruido nocturno haya afectado a la salud de los vecinos hace que Medio Ambiente considere la infracción como muy grave.