La financiación municipal de 100.000 euros que el Ayuntamiento tenía reservada para el proyecto de videovigilancia en el centro se encuentra en peligro.

El alcalde, José Torres Hurtado, advirtió ayer de que la partida económica del proyecto, procedente de los Fondos Urban, expira este año, concretamente, el 31 de diciembre, "por lo que hay que invertirlo cuanto antes porque si no lo perderemos", manifestó el primer edil. Torres Hurtado confió en que finalmente salga adelante el sistema de cámaras impulsado por los comerciantes con un nuevo proyecto modificado, para lo que ofreció toda la colaboración desde el Ayuntamiento a la hora de redactar el documento.

El rechazo de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la iniciativa impulsada por el Centro Comercial Abierto, con el respaldo del Ayuntamiento, ha supuesto un revés que ahora tienen que afrontar a contrarreloj. "Estamos deseando conocer los aspectos a corregir del proyecto inicial para que los comerciantes presenten uno nuevo que se adecue a las exigencias de la Comisión del TSJA y pueda salir finalmente adelante".

El alcalde reconoció que poner en marcha un proyecto de videovigilancia no es sencillo y puso de ejemplo a la ciudad de Málaga que tuvo que presentar tres modelos antes de obtener el visto bueno. "Sabemos que es un proyecto delicado a la hora de materializarlo pero espero que la Comisión entienda la importancia de este sistema de seguridad pasiva como freno a los índices de delincuencia en los núcleos comerciales y, especialmente, ahora que la zona se encuentra tan despoblada durante la noche ya que está ocupada sobre todo por comercios y oficinas", apunto.

Respecto a las críticas del grupo municipal socialista, que recriminó ayer al alcalde que no fuera "capaz" de conseguir un "amplio consenso" en torno a la instalación de las cámaras, ha precisado que la objeción que puso en su día el PSOE era porque pretendía que el sistema se implantara en toda la ciudad, "algo que no era efectivo ni económicamente rentable".

La Comisión de Garantías de la Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó el martes el proyecto presentado por los comerciantes del centro apelando al derecho a la intimidad y las características de la zona en la que se pretenden instalar las cámaras fueron dos de los argumentos esgrimidos por los miembros de la Comisión.