De los 168 pueblos de la provincia de Granada, 130 se verán afectados por una de las medidas de ahorro anunciadas ayer por el presidente del Gobierno. Mariano Rajoy reiteró lo que se venía diciendo desde hace un par de semanas: las mancomunidades se suprimirán y los servicios que estos organismos prestaban serán asumidos por las diputaciones provinciales, que además tendrán las competencias sobre los pueblos de menos de 5.000 habitantes y de todos aquellos de mayor tamaño "que no puedan prestar servicios de forma eficiente sin incurrir en déficit y con una financiación adecuada".

En Granada hay 130 pueblos que no llegan a los 5.000 habitantes y cabría preguntarse qué va a pasar con ellos. ¿Si no tienen competencias desaparecerán? ¿Pasarán a depender de los que tienen un tamaño mayor? Porque, de ser así, en la Alpujarra, por poner un ejemplo significativo, sólo habría un municipio: Órgiva.

José Torrente, diputado provincial del PP, aleja esa posibilidad. "El borrador desiste expresamente de la fusión obligatoria de municipios, porque hay cuestiones de arraigo de las personas a sus pueblos que no se van a poner en discusión", afirma.

Hablar de desaparición de pueblos es por lo menos precipitado, porque hasta el año 2015 tienen unas corporaciones constituidas y no se van a disolver. Otra cosa es que sus funciones sean cada vez más testimoniales. Torrente explica que lo que se va a aplicar en todos los municipios de menos de 20.000 habitantes son "criterios de eficacia y eficiencia", que los ayuntamientos tendrán que demostrar que son capaces de ofrecer los servicios obligatorios (recogida de residuos, urbanismo, patrimonio histórico, circulación viaria, saneamiento y depuración...) "con unos parámetros de calidad adecuados". En caso contrario los tendrá que ofrecer la Diputación de forma obligatoria, cosa que para el representante del PP supone "una garantía para los ciudadanos, que salen ganando porque si una entidad no les proporciona bien unos servicios, otra más grande lo hará".

En cuanto a la eliminación de las mancomunidades, es algo que también tardará en producirse porque la oposición está dispuesta a litigar para que continúen. Ayer, IU insistió en que lo que se pretende es "reformar ilegalmente el sistema institucional establecido en la Constitución y basado en la autonomía de los municipios".

En parecidos términos se pronunció el PSOE, que por medio de su secretario de Organización, José Entrena, destacó que las medidas del PP "pretenden demoler el municipalismo y regresar a una estructura local franquista". Apuntó que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que ahora se plantea "invade claramente la autonomía municipal ya que hurta competencias a los pequeños ayuntamientos para dárselas a las diputaciones".

Torrente entiende que es precipitado aventurar nada porque por ahora sólo se ha manifestado "una mera voluntad política de redimensionar la administración local". Sin embargo, sí incidió en que, si las mancomunidades suponen una fuente de gastos que no se compensan con servicios adecuados, su continuidad "sí debería estudiarse".