La Universidad de Granada ha decidido suspender la convocatoria del Premio a la Jubilación Voluntaria de su personal docente funcionario tras recibir una notificación el pasado 4 de julio del Tribunal de Cuentas del Ministerio Fiscal. Tras seis años de desarrollo de este programa, al que estaban acogidos 33 universidades españolas, la institución granadina ha tenido que suspenderlo cautelarmente ante la amenaza de que el Gobierno pueda abrir un expediente en su contra.

Esta decisión, que también ha sido adoptada ya por muchas universidades, entre ellas la Hispalense, ha dejado en el aire la solicitud de 81 profesores de la Universidad de Granada, que estaban a la espera de disfrutar de los incentivos.

En seis años que llevaba en vigor el programa de jubilación incentivada sólo se habían acogido a él un total de 183 profesores de la Universidad de Granada. La mayoría de los enseñantes que cumplen más de 60 años en las aulas universitarias trabajan por vocación.

Pero los reajustes que están abordando en 2012 las administraciones españolas a causa de la crisis ha generado este año un aluvión de solicitudes para acogerse al plan de incentivos. Para este curso, en apenas cinco meses ya se habían inscrito 81 docentes de la UGR, que tienen más de 60 años cumplidos y llevan más de 30 años de servicios. Este programa les permitía jubilarse anticipadamente con las mismas condiciones económicas que disfrutan trabajando.

"Es una suspensión cautelar de las solicitudes", explica el vicerrector de Ordenación Académica, Luis Jiménez del Barco, quien insiste en que la jubilación voluntaria continúa en vigor, sólo que no con los incentivos de este plan.

El programa, que se venía realizando de forma anual por curso académico, ha permitido ampliar la plantilla de la UGR en 400 docentes nuevos, según informó Del Barco. Su objetivo era minimizar el riesgo de jubilaciones masivas con la renovación ordenada de la plantilla y la incorporación progresiva de docentes noveles.

Sin embargo, las actuales circunstancias académicas, que impiden la contratación de nuevo profesorado, la austeridad que exige ahora el Estado de las insituciones públicas y los informes del Tribunal de Cuentas aconsejan la suspensión de la convocatoria en todas las universidades.