Los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Granada vieron ayer en la aprobación de la privatización del servicio público del cementerio y de los funerarios de la ciudad un debate más profundo que la simple entrada de manos privadas en la empresa Emucesa. Vieron que se trataba de un ejemplo que escenificaba cada modelo de gestión.

El pleno extraordinario dio luz verde ayer a que Emucesa se convierta en mixta (51% con capital municipal y 49% privado). La moció salió adelante con los 15 votos a favor del PP y con la negativa de PSOE, IU e UpyD (10 en contra). De esta manera, arrancan los trámites para privatizar una sociedad rentable, de las pocas en el Consistorio, y con capital netamente público. La concejal de Comercio y Vía Pública, María Francés, recordó que el equipo de gobierno tomaba esta decisión para garantizar la viabilidad económica de la empresa y garantizó que se iban a mantener los servicios, las tarifas y el personal, "incluso los trabajadores van a mejorar. Buscamos un compañero de viaje para reducir riesgos económicos y ofrecer más servicios. Estamos pensando en el largo plazo".

Por su parte, la concejal de UPyD, Mayte Olalla, apeló a la concepción de la estructura administrativa que predica su formación, en el caso de Granada de fusión con el Área Metropolitana, para defender que un servicio que atendiera a 500.000 personas "sería más fácil y más barato".

La edil de IU Maite Molina dijo que la privatización respondía al "clásico argumento neoliberal. Lo que se quiere es asfixiar y endeudar al ciudadano". Francisco Cuenca, portavoz de los socialistas, diferenció entre beneficio económico, el que buscaba el PP, y social, el que perseguía los socialistas. Además, acusó a los pulares de cortoplacismo. "Si la empresa da beneficios, funciona bien y presta un buen servicio, ¿por qué privatizarla? Lo que se tapa es la gestión de José Torres Hurtado. Ven una oportunidad de negocio en el ámbito público. Ahora para morirse hay que echar cuentas". El PSOE cree que oculta un " afán expoliador". La teoría de la tapadera también la compartió Olalla, que afirmó que "buscan tapar los pufos de su mal gobierno. Es una huida hacia delante. No estamos de acuerdo porque hay otras formas. Privatizar algo es perder algo de la ciudadanía. El futuro que se avecina es peor". Molina sostuvo que a partir de ahora a los granadinos "les va a costar muy cara la muerte". Interpretó la privatización como una maximización de beneficios, una pérdida de control, menos inversiones y menos transparencia. En su última alocución, Francés solicitó un voto de confianza, definió la externalización del servicio como un paso al frente y recordó que la privatización de Emasagra había revertido beneficios en la ciudad. "Con este cambio, se reducen los riesgos económicos. Es el momento de reducir el riesgo de estancamiento. Es la salida. Las condiciones no van a cambiar porque se van a mantener los servicios".