El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha admitido a trámite la petición de los afectados por los impagos de las expropiaciones del Metro en el tramo que discurre entre Albolote y Maracena para que medie en el asunto con el objetivo de poder cobrar los seis millones de euros que la Junta de Andalucía les adeuda por este concepto.

Así lo ha señalado a Europa Press José Hidalgo, el portavoz de las cuatro empresas y las 20 familias afectadas por esta situación, que se concentraron ayer a las puertas de la Delegación del Gobierno andaluz en Granada en el marco del calendario de protestas que pretenden llevar a cabo en las próximas semanas.

Hidalgo criticó que el Gobierno andaluz no les abone el dinero ni les dé una fecha de pago cuando sí se están ejecutando partidas por valor de 92,4 millones de euros para abonar otras expropiaciones en la provincia granadina, como es el caso de los 78,9 millones de euros correspondientes a la A-7.

Según ha explicado el portavoz, los terrenos de suelo industrial, situados en el Polígono Juncaril, en Albolote, fueron expropiados para la construcción del Metro en 2006 aunque el acuerdo entre las familias y la Junta no fue suscrito hasta mayo de 2010.

Los damnificados comenzaron a reclamar el pago a la Junta a los seis meses de la firma de ese acuerdo pero hasta la fecha de hoy no han obtenido ningún compromiso concreto. Las empresas perjudicadas (pymes familiares en su totalidad) se dedican a la construcción, con lo que, a su ya maltrecha situación por la crisis económica, se suma el impago de esta deuda que las está dejando "ahogadas".

"Contábamos con ese dinero y ahora no tenemos ni para pagar los recibos. A los bancos les estamos dando propiedades a cambio de que nos liberen de algunos préstamos y otros nos los van a ejecutar, esto es la ruina inminente", ha recriminado Hidalgo, quien asegura que todos los afectados "deben menos" de lo que la Junta les adeuda a ellos, por lo que en caso de pago "podríamos salvar lo que tenemos de toda una vida trabajando".

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