El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, declaró ayer que si el Ministerio de Hacienda y Administración termina por impugnar las plazas del profesorado no tendrá ningún inconveniente en defender su posición en los tribunales. Según el rector, esta convocatoria de plazas se hizo antes de la publicación del decreto que establecía un límite de la tasa de reposición del 10%, con lo que a su juicio todo se encuentra en regla.

El pasado 13 de agosto, la Universidad de Granada publicó en el BOE una resolución con los nombres de los profesores titulares y catedráticos superando con creces el límite impuesto que prohibía ampliar la plantilla en más del 10%. En concreto la UGR superó este límite a lo largo de 2012 en un 1,163%, pues la Universidad de Granada sacó 93 plazas más de lo establecido por el Ministerio de Hacienda.

En concreto, las plazas que siembran el conflicto son 59, una referente a la resolución del pasado 24 de abril de 2012, conjunta con el Servicio Andaluz de Salud, y otras 58 convocadas el pasado 3 de mayo de 2012, con las que la Universidad habría aumentado su plantilla en los últimos meses en 30 catedráticos y 71 profesores titulares (101 en total), en 2012.

El pasado 23 de octubre fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informaron de que el Gobierno había cumplido con su amenza y había pedido a la Abogacía del Estado que impugne las plazas de la UGR junto con las de otras 14 universidades españolas.

Lodeiro explicó ayer en las Jornadas de Recepción de Estudiantes que la Universidad de Granada no ha recibido hasta la fecha notificación alguna por parte del Gobierno central en este sentido y adelantó que, de recibirla, no tendrá ningún inconveniente en defender la convocatoria de estas 59 vacantes en los tribunales. De hecho, y según remarcó, estas plazas fueron convocadas con anterioridad a la publicación del decreto, lo que dice, utilizará en su defensa en caso de llegar a los tribunales, aunque "no voy a dar pistas al contrario".

No obstante, Lodeiro recalcó que, por el momento, nadie se ha puesto en contacto con ellos, ni ha llegado ninguna notificación al respecto, sino que quienes comentan este hecho son "algunas personas del Ministerio de Educación que no tienen competencia", en la materia. Y, si se recurren, "iremos al contencioso administrativo y nos veremos en los tribunales", a lo que añadió: "No me rebelo, sencillamente hago uso de mis derechos, como ciudadano, y como rector de recurrir las decisiones del Gobierno".

La Universidad de Granada no es la única que ha seguido adelante con la convocatoria de plazas. Otras catorce habrían hecho lo mismo, motivo por el cual el pasado nueve de julio, el Ministerio de Hacienda y Administración Pública envió a los organismos involucrados una diligencia preliminar en la que les advertía de que en caso de no hacer nada al respecto en el plazo de un mes, el órgano directivo solicitaría a la Abogacía del Estado la interposición del correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Algo que tal y como explicó Lodeiro, de momento desconoce que haya pasado.

Por otra parte, según informó Efe la Conferencia de Rectores (CRUE), denunció que los límites de reposición de funcionarios de las universidades públicas son "tapones", que se están poniendo al sistema de acreditación para el acceso a la condición de catedrático y profesor titular. La presidenta de la CRUE, Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de Málaga manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se recurran en los tribunales estas plazas, pues la CRUE "defiende los concursos siempre que no supongan incrementar el número de efectivos anterior (aunque superen ese 10%), siempre que no aumente la masa salarial. Asimismo, de la Calle indicó que "no estaba claro", el límite de la convocatoria de plazas del Decreto Ley de medidas de control de déficit del 30 de diciembre".

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