Hubo una época, no muy lejana, en la que la delincuencia urbanística era un fenómeno criminal que llenaba semanalmente de expedientes las mesas de los fiscales andaluces especializados, que crearon incluso una red para unificar criterios y perseguir de forma más eficaz este tipo de delitos. Las denuncias formuladas por particulares contra sus vecinos y contra las propias administraciones locales, así como las investigaciones que emanaban de cruces de acusaciones entre políticos de distinto signo sacaron a la luz un mapa andaluz, sospechado pero hasta entonces desconocido, de construcciones clandestinas, tramitadas o levantadas fuera de la legalidad.

La mayoría de esas edificaciones ilegales se encontraban en zonas costeras de la comunidad andaluza. Otras se habían realizado en lugares de especial protección, obviando la normativa vigente. A saber: casas de aperos convertidas en rústicas mansiones, chalés con más habitaciones y plantas de las permitidas, edificios construidos en terrenos destinados a otro uso, viviendas con vistas privilegiadas plantadas dentro de espacios protegidos...

Los pícaros del ladrillo, que se habían sentido impunes durante décadas bajo el amparo de algunos gobiernos municipales, habían dejado una larga estela de construcciones abocadas a ser reducidas a escombros. Pero comenzaron a llover denuncias. El caso marbellí, destapado en 2005 con la Operación Malaya, fue como un big bang que, unido a una mayor concienciación social y una mejor coordinación de los organismos e instituciones implicados en la lucha contra los desmanes urbanísticos, hizo que se multiplicaran los asuntos de naturaleza urbanística en las fiscalías. La de Granada tuvo un trabajo extraordinario entre 2005 y 2010. Hubo balances anuales en ese período en los que las investigaciones por este tipo de infracciones superaron incluso el centenar.

Pero las cosas parece que están cambiado, al menos en parte. Sigue habiendo denuncias e investigaciones, pero las cifras han bajado. La propia Fiscalía Provincial de Granada así lo reconoce en su última memoria, correspondiente a 2011, en el apartado dedicado a la delincuencia medioambiental, una sección de la que es fiscal delegada Sara Muñoz-Cobo. Según consta en el documento, al que ha tenido acceso este diario, los procedimientos por delitos de construcciones ilegales "han disminuido de forma importante". No obstante, sigue existiendo "un elevado número de diligencias y procedimientos judiciales por delito de prevaricación común y prevaricación urbanística".

Y es que dentro de las conductas irregulares relacionadas con el ladrillo, hay que diferenciar los delitos urbanísticos que se cometen por construir ilegalmente de las prevaricaciones urbanísticas. Éstas las cometen funcionarios públicos y consisten en emitir una resolución a sabiendas de que es injusta. El caso del Centro Comercial Nevada de Armilla puede servir para ilustrar uno y otro delito. Por un lado, se condenó por prevaricación a los responsables municipales que concedieron, pese a existir informes contrarios, la licencia para levantar el macroedificio. Por otro, se castigó al promotor por invadir zonas verdes al levantarlo, considerándolo autor de un delito contra la ordenación del territorio.

Fuentes de la Fiscalía han precisado que en 2011 sólo se abrieron 28 diligencias de investigación penal por posibles delitos contra la ordenación del territorio, una cifra bastante inferior a las registradas otros años. No hay que confundir las causas judiciales que se denuncian y se tramitan en los juzgados por delitos urbanísticos con estas diligencias, que son las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público y que pueden acabar o no en denuncia judicial. En 2005, por ejemplo, hubo 42 investigaciones por este tipo de delitos en la Fiscalía. En 2007, siendo fiscal de Medio Ambiente Rogelio Muñoz, se abrieron nada más y nada menos que 102 investigaciones por posibles delitos contra la ordenación del territorio. En 2008, se incoaron 104. Al año siguiente, en 2009, la cifra seguía siendo muy elevada: fueron incoadas por infracciones urbanísticas 68 diligencias de investigación penal. Ese mismo año, una quincena de alcaldes estuvieron en el punto de mira del Ministerio Público por actuaciones urbanísticas presuntamente irregulares. Dejar edificar sin licencia era la principal ilegalidad que se atribuía a esos mandatarios locales y algunos de ellos han acabado en el banquillo de los acusados. En 2010, las diligencias incoadas relacionadas con urbanismo fueron 81.

Lo cierto es que muchos de esos expedientes terminan en archivo, pero algunos sí derivan en denuncia. El año pasado, 7 de las 28 investigaciones fueron archivadas y sólo 8 acabaron en denuncia o querella. Luego está la labor que realizan los fiscales en el día a día de las causas que se tramitan en juzgados (una cosa son las diligencias de la Fiscalía, que pueden o no dar lugar a una denuncia, y otra son los procedimientos de los juzgados). La memoria del año pasado revela que "se han conseguido en diversos procedimientos, sentencias de conformidad por delitos contra la ordenación del territorio con asunción voluntaria por parte del acusado de la demolición de lo ilegalmente construido".

En el terreno de las causas judiciales por prevaricación urbanística, la Fiscalía formuló en 2011 "diversas acusaciones por estos delitos, algunas de especial complejidad". Una de ellas fue la dirigida contra la Comisión de Gobierno y el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Almuñécar por la concesión presuntamente ilegal de licencia para la construcción de un hotel. Otra de las acusaciones se dirigió contra la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Otura, "por la concesión en el año 2007 de licencias ilegales en contra de los informes jurídicos y técnicos ". También hubo otra contra el Ayuntamiento de Íllora, así como dos contra el ex alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez, por sus actuaciones en el "Cortijo Armengol" y otras parcelas, unas operaciones inmobiliarias en las que, según el Ministerio Público, habría usado diversos mecanismos -entre ellos la figura del estudio de detalle- para darles cobertura legal. Cabe recordar en este punto que, también el año pasado, el Juzgado de lo Penal 5 condenó a Sánchez y a su arquitecto municipal por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación por alterar irregularmente la edificabilidad de unos terrenos de la localidad. La pena que se impuso al primero fue 14 años de inhabilitación y 9 meses de prisión. Ítrabo es otro de los municipios que figura en la 'lista' de la Fiscalía, pues ha habido varias causas contra el municipio seguidas por "prevaricación, contra la ordenación del territorio, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad documental en relación a las numerosas construcciones realizadas sin licencia, en suelo no urbanizable, de imposible legalización, ante la total y absoluta pasividad del Consistorio".

La Fiscalía de Medio Ambiente, que cuenta, además de con la fiscal delegada, con dos fiscales especializados, no se olvida en su balance de ensalzar la importante labor que realiza el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil en la investigación de estas conductas.