La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso para renovar los conciertos educativos, que tendrá validez durante los próximos cuatro años. En el proceso, en el que participa la Administración, los ayuntamientos, patronal y sindicatos, se decidirán las unidades que se conciertan en los colegios privados-concertados para los próximos cursos.

Según el PP, la intención de la Junta es eliminar conciertos y por tanto evitar la escolarización en estos colegios de miles de alumnos. Según la Junta, lo que va a hacer es "blindar" la enseñanza pública frente a la privatización del PP.

La parlamentaria andaluza del PP por Granada, Marifrán Carazo, denunció ayer la intención de la Junta de revisar a la baja los conciertos, caso que afectaría especialmente a la provincia de Granada, donde asegura que el 50% de los colegios son concertados.

"Ya han dicho que van a retirar conciertos y Granada será una de las provincias más afectadas pues hay 46.500 alumnos y familias que han elegido estos centros y que ven amenazada su escolarización por esta incertidumbre", dijo Carazo.

En respuesta a estas declaraciones, la delegada de Educación y Cultura de la Junta, Ana Gámez, dijo que la nueva ley de Educación del PP pretende "privatizar" la escuela y que lo que la Junta va a hacer es "blindar" la educación pública. Dentro de ese plan está la revisión de conciertos pero no aseguró aún las cifras.

Ahora se ha abierto el plazo para recibir las solicitudes de los centros y la próxima semana se creará la comisión para revisar las unidades concertadas ahora y las que se quedarán. Unas clases que después se ajustan en septiembre en función de la ocupación real.

"En Granada hay muchos centros concertados pero no se puede anticipar nada. El resultado no se sabrá hasta dentro de unas semanas", dijo.

Según Gámez, el PP acusa a la Junta de llevar a cabo una política ideológica, "como si la del PP no lo fuera. Quieren que la concertación sea por seis años y subvencionar la enseñanza segregada, unida a una ideología, concretamente al Opus", explicó la delegada, quien explicó también que con la nueva ley del Gobierno la escolarización es a demanda de la familia, no según la oferta de la Administración, con lo que se da pie a que colegios pidan más conciertos si hay demanda. De ahí la intención de blindar la escuela pública.