El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha archivado parcialmente la causa abierta contra la empresa Marketing Finance & Profesional Contact Center (MKF), que estaba siendo investigada por el supuesto uso de discapacitados para el cobro fraudulento de subvenciones de la Administración Autonómica andaluza, pero instando a investigar a los jueces de las provincias de Málaga, Sevilla y Jaén.

En un auto, el magistrado Basilio Miguel García acuerda el sobreseimiento provisional con respecto del delito de subvenciones públicas investigado en lo que se refiere a la provincia de Granada, después de que la Consejería de Empleo informara al Juzgado de que MKF "no ha recibido en sus oficinas en Granada ninguna cantidad en concepto de subvención o incentivo a la contratación con carácter indefinido en los años 2008, 2009 y 2010". Sin embargo, el juez acuerda continuar la instrucción sobre un delito contra el derecho de los trabajadores presuntamente cometido en Granada, y resuelve remitir las diligencias a los juzgados decanos de Málaga, Sevilla y Jaén "por la existencia de indicios de delitos de defraudación de subvenciones públicas en cada una de dichas capitales, en relación a las otorgadas en los años 2008, 2009 y 2010 a la sociedad".

De hecho, en un informe elaborado por la Consejería de Empleo al respecto y aportado a la investigación judicial, la Administración Autonómica concreta que en esos tres años se concedieron a la empresa un total de 1,38 millones de euros en ayudas en las provincias de Jaén y Sevilla (680.044,20 euros en 2008, 627.634,13 en 2009 y 76.563,35 en 2010).