La huelga convocada ayer a nivel nacional por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón tuvo un seguimiento en Granada de más del 50% de los jueces de órganos unipersonales y de alrededor de un 40% de los fiscales de la capital, según los datos facilitados por el juez decano del Partido Judicial de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, y la fiscal de la Audiencia Provincial de Granada Sara Muñoz-Cobo. Una jornada que, según el TSJA, obligó a suspender 83 juicios.

Ambos comparecieron ante los medios de comunicación con motivo de la concentración de jueces y fiscales que, en el marco de la protesta, tuvo lugar frente al edificio central del complejo de La Caleta, uno de los puntos neurálgicos de la Justicia en la capital granadina, donde al mediodía se llegaron a congregar 50 personas.

En este escenario, representantes de los dos colectivos procedieron a la lectura de los motivos por los que se suman a la huelga. Abrió el acto la citada fiscal, miembro de Unión Progresista de Fiscales, que reclamó "un fortalecimiento del Poder Judicial" en interés del país y de todos los ciudadanos, ante "los gravísimos acontecimientos" ocurridos recientemente, entre los que destacó "la extendida corrupción política, los indultos escandalosos o los intentos de control del Poder Judicial por el poder político".

La representante del Ministerio Público denunció que el Poder Judicial, que es "último garante de los derechos de todas las personas", ha sido "olvidado y marginado por todos los gobiernos de la Democracia", aunque ha sido ahora cuando el Ejecutivo "ha emprendido el más demoledor ataque de nuestra historia constitucional, traicionando, además, su propio programa electoral".

Un incremento de la inversión pública en Justicia para poder impartirla con los medios suficientes; la paralización inmediata del proyecto de ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); la derogación de la ley que elimina los jueces sustitutos; la derogación o modificación urgente de la ley de tasas judiciales; y la reforma de la ley del indulto, son las principales reivindicaciones de esta huelga. Estas exigencias fueron detalladas, punto por punto, por el magistrado del Juzgado de lo Social 1 y miembro de Jueces para la Democracia, Jesús Rodríguez; José Luis Ruiz Martínez, juez de Instrucción número 9 de Granada y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria; y el magistrado de lo Penal 6 y miembro de Foro Judicial Independiente, Ernesto Manzano.

"La independencia judicial es un pilar del Estado de Derecho y, por tanto, el desapoderar al Consejo de la potestad reglamentaria, el establecer posibilidades de control directamente del Ministerio de Justicia entendemos que no beneficia al ciudadano en absoluto", subrayó por su parte el juez decano.

Sánchez Gálvez se refirió también a la ley de Tasas Judiciales y señaló que en el mes de enero, en la jurisdicción contenciosa, su implantación ha supuesto una disminución del planteamiento inicial de demandas "de casi el 50%". La bajada es menor en la jurisdicción civil, donde los procedimientos han disminuido a consecuencia del 'tasazo judicial' en torno al 20%. Las tasas, como agregó el magistrado, sobre todo pueden tener incidencias "en el planteamiento de recursos contra decisiones que se dicten en primera instancia", puesto que ahí son especialmente gravosas.

En cuanto al número de juicios y actos judiciales aplazados por la huelga, el juez decano dijo no manejar datos al respecto, si bien puso de relieve que muchas de las oficinas judiciales ya habían anunciado con tiempo las suspensiones para no dañar directamente a los profesionales y ciudadanos.

No quiso faltar al acto el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, como representante de un colectivo que siempre ha mostrado su total apoyo a las quejas y exigencias de los jueces y fiscales durante los anteriores paros de una hora convocados por la Comisión Interasociativa. También se encontraban en la concentración magistrados de la Audiencia Provincial de Granada, así como fiscales de las distintas secciones de la Fiscalía Provincial, como el fiscal Luis Salcedo, quien, como miembro de la Unión Progresista de Fiscales, recordó que "las negociaciones con el ministro Alberto Ruiz Gallardón están paralizadas", por lo que "el objetivo de esta huelga es precisamente impulsar esas negociaciones; no queremos actuar al margen del Ministerio sino precisamente retomar el diálogo y que éste sea fructífero".

La huelga celebrada ayer tuvo una mayor participación que la organizada el 18 de febrero de 2009, a la que, según los datos facilitados entonces por el TSJA, se sumó sólo un 14,2% de los jueces de Granada y un 29,7% de los de Andalucía. Ese año hubo otra protesta el 8 octubre, que contó, según también los datos ofrecidos entonces por el TSJA, con un escaso seguimiento, ya que sólo un 5% la secundó en Granada (6 de los 109 togados que había entonces).

Ese paro fue convocado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que calculó que más de la mitad de los 48 jueces unipersonales que había entonces en el Partido Judicial de Granada -actualmente hay 51- respaldó la protesta. Cabe recordar que la APM, aunque se había desmarcado de la huelga de ayer a nivel nacional, sí la secundó en Andalucía por decisión de su sección territorial.