Unas 350.000 personas residen en las más de 81.000 viviendas públicas de la Junta repartidas por multitud de municipios de la comunidad andaluza, convirtiéndose así en la que mayor parque residencial de este tipo. En Granada, el número de viviendas asciende a 7.700.

La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), es la encargada de gestionarlo desde un punto de vista integral, que incluye la labor administrativa, la reparación y mantenimiento de los edificios y viviendas, así como un trabajo de integración social y ciudadana de los vecinos residentes.

Más de 500 municipios, incluidas las capitales de provincia, albergan estos pisos y casas de promoción pública. Así, según la Consejería, en la mayoría de estas ciudades y pueblos no resulta fácil identificar dichas viviendas en su trama urbana. Esta integración física en el resto del entorno urbano es fruto de un proceso que inició el Gobierno autonómico en la década de los 80, a raíz de la transferencia de las competencias estatales en materia de vivienda a la comunidad.

El trabajo desempeñado por la Administración pública ha permitido que las relaciones sociales que se ponen en práctica en estas barriadas no disten, por lo general, de las que existen en otros ámbitos. La normalidad ha conseguido filtrarse en la vida diaria de estas zonas gracias a un proceso desarrollado conjuntamente por vecinos y la Consejería de Fomento. Así, se han conseguido "logros" ya que, desde un punto de vista administrativo, los residentes tienen regularizada la ocupación de los inmuebles casi en su totalidad (un 95%) y cumplen con la obligación de abonar las rentas de arrendamiento y las cuotas de la comunidad.

En la conservación del patrimonio residencial, realizan un uso adecuado y en la esfera de lo social, la población residente ha desarrollado un fuerte sentimiento de arraigo y son vecinos que participan activamente y sin conflictos en la vida diaria de su comunidad.

Sin embargo, esa labor de pedagogía y aprendizaje promovida desde la Administración autónoma "no alcanza los niveles deseados en algunas promociones y barriadas localizadas en determinadas ciudades". Constituyen casos "muy puntuales", en los que la combinación de una serie de aspectos como la escasez de recursos, los bajos niveles formativos y de empleo o la conflictividad social complica el día a día de la población residente. En estos enclaves, la implicación de la Consejería de Fomento y Vivienda en todos los aspectos "se intensifica con el fin de superar la exclusión social y el deterioro urbano".

En algunos de ellos, la Junta comienza a intervenir a principios de la década pasada a través de la figura conocida como la Rehabilitación Integral de Barriadas (RIB), un instrumento contemplado en los diferentes planes de vivienda andaluces.