"Los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal recogida en nuestro texto punitivo". A esta conclusión ha llegado la Fiscalía de Granada en el caso del centro privado de enseñanza María Nebrera, que fue denunciado por los sindicatos UGT y CCOO tras tener conocimiento de que estaba cobrando 190 euros a los participantes en unas pruebas de selección para personal docente y administrativo.

Fuentes del caso indicaron a Granada Hoy que el archivo de la investigación que abrió en su día el Ministerio Público se produjo el pasado mes de enero, tras descartar que se haya vulnerado el principio de igualdad en el acceso al empleo, un extremo que ha confirmado la propia Fiscalía Provincial.

La Fiscalía señala en su decreto que el hecho de que se establezca un precio de acceso a unas pruebas de selección en un centro educativo privado como es el María Nebrera no ha supuesto una discriminación que merezca un reproche penal. En este contexto, explica que "para integrar algunos de los tipos penales recogidos en nuestro Código Penal", la discriminación deberá haber sido llevada a cabo por alguna de las motivaciones que expresamente se establecen en él. Esas motivaciones son las siguientes: "por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de algunas de la lenguas oficiales dentro del estado español".

En este punto, el decreto de la Fiscalía recuerda que consta que se abrió un expediente informativo al centro por parte de la Junta para "dilucidar la legalidad de los términos" del anuncio del proceso de selección, al tiempo que recuerda que el derecho penal constituye "la última razón aplicable a los hechos más graves para la convivencia social y se rige por unos principios esenciales, entre ellos el de legalidad y el de intervención mínima".

Fue a finales del año pasado cuando la noticia saltó a los medios. A los pocos días, el centro, que iba a realizar el proceso de selección a través del Centro de Estudios Jurídicos, paralizó las pruebas y anunció que devolvería el dinero a los aspirantes. Desde la entidad seleccionadora aseguraron que todo había sido un "malentendido" y que en ningún caso se cobraba por recibir un currículo, sino por participar en un proceso selectivo compuesto por cuatro pruebas.

Por su parte, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, tras abrir el referido expediente informativo, dio traslado del mismo a la Inspección Provincial de Trabajo y pidió que se multase al centro, sin que haya trascendido el desenlace del asunto en esta vía.