La denuncia por lo penal contra los representantes sindicales de la Policía Local por no prestar servicio el día de la Toma ni durante el desfile de la cabalgata ha sido archivada después de que el juez no apreciara delito en la actuación de los agentes. Los sindicatos policiales SIP-AN y SIPLG convocaron a los agentes de la Local a no prestar servicios extraordinarios esos dos días como protesta por cómo se estaba desarrollando la negociación del convenio colectivo.

Por estos hechos, el Ayuntamiento de Granada inició un expediente administrativo contra 28 agentes que no se habían personado a trabajar esos días, para lo que todos alegaron indisposiciones médicas. Según afirmó entonces el concejal de Personal, José Antonio Fuentes, el servicio al que debían acudir estos policías era ordinario, por lo que su ausencia podía acarrear una falta grave.

Tras iniciarse el procedimiento administrativo, se abrió otro proceso penal -que suspendió el primero- contra los representantes sindicales y que, según explicaron fuentes sindicales, ha terminado con el archivo por parte del juzgado de instrucción número 8. Ahora queda pendiente por resolver el procedimiento administrativo que sigue abierto.

Según el pliego de cargos del expediente disciplinario contra 28 agentes, la ausencia en el puesto de trabajo de éstos tenía "el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios, incumpliendo los más básicos deberes de los funcionarios, en su relación de servicio al ciudadano".

El mismo documento argumenta que esta situación de ausencia se puede enmarcar en el proceso de negociación del convenio colectivo, "un conflicto laboral, entre los sindicatos policiales y la Corporación Municipal, que se ha recrudecido por la implementación de nuevos recortes salariales" por lo que "entre otras medidas de presión" existe la declaración "del llamado conflicto permanente con la Corporación, numerosas concentraciones y manifestaciones y, la política de gestión de bolígrafos caídos llamada del O:O (cero denuncias-cero multas), publicitadas todas en los medios de comunicación; agudizándose el conflicto en las últimas fechas, con afectación del servicio y de las relaciones profesionales del colectivo". En este contexto sitúa el documento la protesta llevaba a cabo los días 2 y 5 de enero, "fechas especialmente sensibles para esta ciudad".

El 31 de diciembre de 2012, desde los sindicatos convocantes, se afirmó que habría servicio como un día normal, es decir, de unos 50 agentes, ya que se pedía a los compañeros que no realizaran servicios extraordinarios que, según afirmaron tanto desde el SIP-AN como del SIPLG, eran voluntarios.

Tras la convocatoria por parte de los sindicatos, el pliego de cargos del expediente disciplinario recoge que la protesta se materializó en 31 bajas e indisposiciones "sin contar con las incapacidades temporales de larga duración", un número "sin parangón" si se comparaba con el número de bajas registradas en las mismas fechas el año anterior -ninguna para el día de la Toma de 2012 y una para el día de la cabalgata- y que esta situación derivó en una "alteración de los servicios pues se tuvieron que planificar precipitadamente y sobre la marcha otros nuevos" y quedaron "descubiertos numerosos puntos de regulación y control de tráfico y acceso peatonal".

El documento alega que estos hechos pueden ser constitutivos de una "falta muy grave" que puede acarrear una sanción consistente en la separación del servicio o la suspensión del servicio por un periodo que puede ir desde los tres meses y un día hasta un máximo de seis años.