Las cuatro instituciones sobre las que se sustenta la Universiada de invierno 2015, Junta de Andalucía, Diputación provincial, Universidad y Ayuntamiento de Granada, se podrían enfrentar a una multa de 4,5 millones de euros si deciden echarse para atrás y renunciar a la organización del evento deportivo, previsto para dentro de dos años y en el que participarán deportistas universitarios de medio centenar de países.

La anterior sede que decidió renunciar a ser organizadora, Maribor (Eslovenia) fue denunciada por la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU, por sus siglas en inglés) y multada con 4,5 millones de euros. A esta sanción, Granada -siempre y cuando la ciudad decidiera dar un paso atrás y no albergar la competición- perdería los tres millones de euros que ha pagado de canon a la FISU para ser sede. En total, 7,5 millones de euros de pérdidas.

La opción de cancelar las pruebas de la Universiada no es del todo descabellada. El pasado 11 de febrero, en la presentación del programa de voluntariado para 2015, el alcalde de Granada, José Torres Hurtado reconoció públicamente que "más de una vez y más de dos hemos dicho esto se va a caer", en referencia a las dificultades con las que la Universiada se ha encontrado en su camino desde 2009, año en el que Granada fue elegida -sin demasiadas sorpresas, era la única candidata- sede de este evento deportivo.

Una de las más serias y que es posible que se trate en la reunión del consejo rector convocada para mañana, es la financiación. Uno de los puntos del orden del día será articular a la organización de las herramientas para captar patrocinadores que financien los costes de organización. Las instituciones, o al menos el alcalde, confían en que sean los espónsor los que corran con los gastos que generen las pruebas deportivas.

Por lo pronto, el Consejo Superior de Deportes (CSD) no abonará los dos millones de euros que, en un principio, se comprometió a aportar. El organismo, preguntado sobre la aportación económica que hará, contesta que "contempla que la Universiada reciba la consideración de acontecimiento de excepcional interés público", con lo que se beneficiarían los futuros patrocinadores con exenciones fiscales. Del dinero comprometido, nada.

El tema económico también se abordará en el consejo rector -en el que están conovadas las cuatro instituciones que lo conforman-, pero no el único. Se tratará la aprobación de las cuentas, de las actuaciones realizadas hasta el momento y la modificación de los estatutos.

Además de lo que figura en el orden del día, es más que probable que también se hable sobre aspectos como la tardanza de la Junta en contestar sobre el proyecto presentado en octubre por la Diputación sobre el puerto de La Ragua. Los permisos medioambientales siguen en el aire y la segunda opción para las pruebas de fondo y biathlón, Candanchú, no pasa precisamente por su mejor momento. La estación oscense planteó un ERE, adeuda siete millones de euros y está en concurso de acreedores.

Estas cuestiones, además, estarán aliñadas por el descontento generado entre las instituciones por la carta remitida a los medios por el consejero delegado de la Universiada, Aurelio Ureña. Mañana es el momento de verse de nuevo las caras y poner las cartas sobre la mesa.