Las familias que iban a ser desahuciadas por impago de hipoteca estos días podrán respirar al menos durante un mes un poco más tranquilas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) va a dar traslado a todos los jueces andaluces de un acuerdo emitido por el Decanato de Granada que insta al Servicio Común de Notificaciones y Embargos a devolver a los juzgados las órdenes inmediatas de desahucios para cumplir la ley de protección de deudores hipotecarios.

Así lo comunicó a los periodistas ayer en Granada el presidente del alto tribunal andaluz, Lorenzo del Río, antes de inaugurar un congreso centrado precisamente en desahucios y ejecuciones hipotecarias. En el referido acuerdo, según detalló, se informa de que todos esos procedimientos "deben ser revisados" por los jueces y se ordena que "se dé traslado a las partes para que aleguen en su caso posibles elementos u objeciones a ese proceso de ejecución".

Granada Hoy ha tenido acceso al documento del acuerdo, en el que el juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, comunica que deben suspenderse "las ejecuciones pendientes" porque las familias afectadas por una orden inminente de desahucio "han de disponer del plazo de un mes, en todo caso, para poder formular incidente de oposición".

La Ley de medidas para reforzarla protección de deudores hipotecarios entró en vigor el pasado martes, día en que fue publicada en el BOE, y si no se revisaran los desahucios previstos desde ese día "se privaría -advierte el magistrado- de esta oportunidad procesal a los ejecutados que fuesen sometidos a lanzamiento durante el transcurso de ese plazo".

Por eso, el juez decano insta a los Servicios Comunes, que son los que ejecutan las órdenes de embargo y los lanzamientos que ordenan los jueces, a que devuelvan a cada juez sus correspondientes mandamientos para que, una vez transcurrido el plazo, "decreten lo procedente".

En sus declaraciones a la prensa, Del Río señaló que el cumplimiento del acuerdo es "inmediato", y que puede "extrapolarse" al conjunto de Andalucía en cumplimiento de la Ley. De hecho, indicó que, se pondrá en contacto con el resto de jueces decanos de la comunidad para que puedan proceder "en igual sentido".

El máximo representante de la Justicia en la Comunidad reconoció que a los jueces les preocupan "esas personas de carne y hueso" que pierden su hogar por no poder hacer frente a sus deudas, y subrayó que aunque los magistrados deban aplicar la ley, han de hacerlo "con la mayor protección social posible, buscando ese equilibrio en los intereses" de las distintas partes implicadas. "Los jueces no han sido insensibles ante este problema y han tenido que ser jurídicamente imaginativos hasta la entrada en vigor de esta normativa", añadió Del Río, quien se congratuló de que ahora puedan contar con "un mayor apoyo legal".

En cuanto al encuentro que inauguró Del Río, el Congreso Nacional sobre Desahucios y Ejecuciones Hipotecarias, se desarrollará hasta mañana sábado en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada con la intervención de expertos de reconocido prestigio, como el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos (presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo), que fue el encargado de abrir las ponencias con un análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada el pasado 14 de marzo sobre cláusulas abusivas.

El director del congreso, que es el decano de Derecho, Miguel Olmedo,explicó que la cita empezó a gestarse el pasado mes de diciembre y pretende ser un foro de debate "de un problema social muy grave que necesita respuestas legales", algunas de las cuales "ya están encima de la mesa". Olmedo se refirió así tanto a la ley que ha entrado en vigor esta semana como al decreto publicado recientemente por la Junta "intentando ayudar a los afectados por este grave problema social" o a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la UE.

El objetivo de la cita es, por tanto, que "se expongan posibles soluciones que a la vez de ser legales sean materialmente justas en la grave crisis que está atravesando España y en los muchos desahucios que se están llevando a cabo en los últimos meses". Se trata, como subrayó, de encontrar por parte de los operadores jurídicos una solución "que sea equilibrada entre la protección a los propietarios y también a los inquilinos que sufren los efectos devastadores de la crisis". En este contexto, puso de relieve que algunos jueces ya están dictando resoluciones en las que reconocen el derecho de los inquilinos a no ser desahuciados en determinadas circunstancias, al tiempo que abogó por "la mediación" en tanto que constituye "una salida bastante honrosa" y "equilibrada" para las partes implicadas en estos procesos.

El congreso, cuya codirectora es Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia, está organizado por la Facultad de Derecho, con la colaboración del Colegio de Abogados de Granada, el Colegio de Registradores de la Propiedad, el Colegio Notarial de Andalucía y el Decanato del Partido Judicial de Granada.