La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada, reunida de forma extraordinaria el pasado martes, acordó solicitar a la Fiscalía de Granada que investigue la "filtración" de las imágenes y vídeos que han sido publicados sobre el asesinato de la letrada Rosa Cobo con el fin de "depurar la responsabilidad" de la persona o personas que han contribuido a esa difusión.

En un comunicado, el colegio señala que "a la vista de las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación que revelan determinados datos e imágenes relativos a las actuaciones penales que se están tramitando por el fallecimiento de nuestra compañera Rosa Cobo Román, no nos cabe más que mostrar nuestro más profundo rechazo a los hechos sucedidos, lamentando la filtración que se ha realizado a la prensa y considerando que lesiona los derechos de la familia de la víctima".

Por ello, el colegio acuerda dar traslado a la Fiscalía, solicitando se inicien diligencias de investigación, "a fin de depurar la responsabilidad de la persona o personas que hayan filtrado las imágenes y vídeos".

Se da la circunstancia de que pocos días después de que aparecieran los vídeos del momento en el que el acusado de la muerte de la letrada la sorprende en la cochera de su vivienda y le propina varios golpes hasta introducirla en el maletero de su coche, el presunto asesino, policía local, se suicidó en su celda de la cárcel de Albocàsser (Castellón), donde se encontraba en situación de prisión provisional a la espera de juicio.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Granada decretó recientemente la apertura de juicio oral por el caso del asesinato de Cobo presuntamente a manos del agente, un antiguo cliente, acusado de seguirla hasta su domicilio, agredirla e introducirla en el maletero de su vehículo, al que prendió fuego abandonándolo en el Camino de las Vacas, en Granada capital en septiembre del año pasado. El asunto recayó en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada que estaba pendiente de señalar la fecha de juicio, que sería con jurado popular.

La Fiscalía pedía para el inculpado una condena de 22 años por un delito de asesinato, por el que además se enfrentaba al pago de una indemnización a cada una de las hijas de la abogada, de 20 y 15 años, en 180.000 euros, así como un total de 4.800 euros por los daños causados en su vehículo.

Entre los meses de julio y septiembre de 2010 el imputado mantuvo una relación de carácter "exclusivamente profesional" con la letrada, quien le había representado en la fase previa de un procedimiento de separación matrimonial. Su intervención, según el fiscal, se limitó a la negociación del convenio regulador que debía aprobarse judicialmente, y que habría de establecer el régimen de visitas y el pago de la pensión alimenticia respecto a la hija. Para ello, Rosa Cobo mantuvo diversas comunicaciones con las letradas de Almería que representaban a la mujer del acusado.

A pesar del "escaso tiempo" de relación profesional, el procesado "culpó" a Rosa Cobo de "todas las consecuencias derivadas" de la separación de su mujer, entre ellas el régimen de visitas establecidos tiempo después y sin intervención la letrada.