El ex alcalde de Otura, Ignacio Fernández Sanz (PP), que declaró ayer en los juzgados por la emisión de facturas presuntamente falsas, ha negado los hechos, ha defendido su actuación y lo ha atribuido todo a un "complot político" urdido, entre otros, por el actual regidor, también del PP y de quien partió la denuncia.

Fernández Sanz prestó declaración como imputado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, que había citado también a otras cinco personas: el ex concejal de Urbanismo Ignacio Pérez, una ex trabajadora municipal y los administradores de tres empresas. Este Juzgado investiga posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad con fines de defraudación.

En declaraciones a Europa Press, Fernández-Sanz aseguró estar "tranquilo y sereno" ante unas acusaciones que tachó de "falsas" y que responden a una "conspiración urdida desde la dirección provincial del PP y por parte del diputado provincial José Antonio Robles", para, según aseguró, desbancarlo de una Alcaldía que obtuvo "con la mayoría de votos de los ciudadanos de Otura". También señaló al actual alcalde del municipio, Pedo Cabanillas, "el único beneficiado de todo esto".

Según sostuvo Fernández-Sanz, seis de los ocho concejales del equipo de gobierno, del PP, denunciaron estas irregularidades con el objetivo de que abandonara el puesto de primer edil, aupando en la Alcaldía al también 'popular' Pedro Cabanillas. "Cabanillas es el único beneficiado, él y el señor Robles", afirmó.

Fernández-Sanz estuvo ayer declarando ante la juez unas dos horas, y respondió tanto a las preguntas de la magistrada, como de la Fiscalía y de los abogados personados en el proceso, presentando documentación ante el juez que acredita "con toda la contundencia y rotundidad" que su actuación fue acorde a la ley.

Recientemente trascendió un informe de la Guardia Civil que concluyó que un total de seis facturas de tres empresas, por valor de 175.061 euros, pueden ser ficticias, ya que se alteró supuestamente el registro para otorgarles "apariencia de legalidad", cuando, en su mayoría, obedecen a trabajos que "no fueron realizados".

El caso recayó en un principio en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, que, al comprobar que se circunscribían al municipio de Otura, se inhibió a favor del juzgado de Santa Fe, aceptó el asunto abriendo diligencias de investigación penal el pasado 14 de noviembre.

La denuncia de los concejales del PP llevó aparejada una serie de discrepancias con Fernández-Sanz, que finalmente anunció su dimisión aunque aludiendo a motivos de salud, después de que todo su equipo de gobierno decidiera abandonar sus responsabilidades municipales.

En el documento que presentaron en los juzgados sus seis concejales, entre los que se encontraba el entonces edil de Economía y Hacienda y ahora alcalde, Pedro Cabanillas, relataban que el Ayuntamiento abonó 178.000 euros a tres empresas con cargo a la segunda fase del plan que puso en marcha el Gobierno para el pago a proveedores supuestamente falsificadas o duplicadas.