Los 99.000 euros que el Ayuntamiento de Granada se ahorró después de pagar el coste del operativo especial de limpieza tras la última huelga de los trabajadores de Inagra todavía esperan destinatario. La intención del Ayuntamiento era invertir este dinero en un plan especial de contrataciones eventuales durante la Semana Santa o el Corpus que permitiera sacar del paro durante algún tiempo a algunos desempleados. Pero el convenio colectivo de Inagra no permite que se hagan nuevas contrataciones si hay personal eventual de la empresa sin trabajo. Así que para ajustarse a la legalidad, el Ayuntamiento ha decidido posponer el plan de empleo a los meses de julio y agosto.

De momento se están definiendo las áreas de la ciudad en las que se llevarán a cabo las tareas de limpieza a las que se dedicarán los 400 jornales que se van a crear con estos 99.000 euros. Las personas contratadas tendrán que llevar a cabo la limpieza de pintadas en paredes, muros, vallas y puentes de la ciudad. Es el área de Medio Ambiente el que está perfilando los lugares en los que actuarán los nuevos empleados en cuanto tengan el contrato de trabajo en sus manos.

"Queremos que las contrataciones no se hagan por 15 días sino por uno o dos meses para que los trabajadores puedan tener cierta continuidad y esta contratación les pueda servir de algo", explica a este diario el concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Mérida.

La decisión de invertir este dinero en contrataciones de personal se produjo de espaldas a la oposición, que siempre reclamó al equipo de gobierno que devolviera a los granadinos el dinero que les correspondía por haber dejado de recibir el servicio durante los 13 días que duró la huelga: del 7 al 19 de enero. Por aquel entonces el Ayuntamiento argumentó que esta cuantía económica sería irrisoria (apenas supondría uno o dos euros por cada vecino) y, sin embargo, supondría un coste adicional para la ciudad al tener que poner en marcha la aplicación informática necesaria para ejecutar la devolución. De ahí que, por su cuenta y riesgo, decidiera que sería más provechoso invertir el dinero en la generación de empleo, aunque fuera durante unos días.

La del mes de enero fue la huelga de basura más larga de la historia de Granada. En estos 13 días se acumularon en las calles de la ciudad casi 3.000 toneladas de basura. Para recuperar la normalidad fue necesario organizar un dispositivo especial de turnos de 8 horas. Se emplearon 25.000 horas y 60 camiones que recorrieron 56.000 kilómetros (más que una vuelta al mundo) yendo y viniendo al vertedero para poder retirar toda esta basura. Tres retroexcavadoras destinadas a las zonas de grandes avenidas completaron este dispositivo especial.

La demora de la huelga puso a la ciudad en una tesitura complicada, casi al límite de decretar el estado de alarma, y eso que diariamente se llevaron a cabo controles de plagas e inspecciones sanitarias. Se pusieron 556 cebos para evitar el incremento de ratas (sin que ninguno de los puntos de control tuviera grados de infección alarmantes, y se multiplicaron por tres los tratamientos.

Las cuentas que hizo la oposición sobre la huelga no estaban tan claras. Estos eran sus números: La Corporación prevé ingresar 23.072.791 euros (15.870.637 en concepto de tasa de recogida de basura doméstica y tratamiento de residuos y 7.202.153 por la recogida industrial y el tratamiento de residuos). Si esta cantidad se divide entre 365 días que tiene el año se obtiene un resultante de 63.213 euros de gasto al día que, si multiplicamos por los 13 días que duró la huelga daría como resultado un ahorro de 821.770 euros. Claro que a esta cuantía hay que restar el 30% que equivaldría a los servicios mínimos que hubo que pagar, lo que da un total de 575.239 euros que no se pagaron y que habría que devolver a los ciudadanos, asumiendo así la empresa el pago de las horas extras que hicieron falta para restablecer la normalidad en la ciudad.