A pocos días de que finalice el plazo fijado para que los deudores involucrados en un proceso de ejecución hipotecaria puedan formular un recurso de oposición por la inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos, la actividad en los juzgados de Granada es frenética. Este plazo extraordinario contemplado por la nueva Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, y destinado a aquellos consumidores cuya vivienda aún no haya sido adjudicada pero que ya hubieran sobrepasado el periodo legal de diez días para oponerse a la ejecución, finaliza el próximo lunes. Y, en teoría, no habrá prórroga, aunque eso no significa que los consumidores que a partir de ahora se vean envueltos en un proceso ejecutorio no puedan reclamar contra sus cláusulas abusivas en el periodo legal establecido para ello.

Este plazo extraordinario, como era de esperar, ha llenado los juzgados de Primera Instancia de reclamaciones. Así lo confirmaba el juez decano, Francisco Sánchez Gálvez, que aunque explicó que no hay datos disponibles sobre el número de escritos de oposición que se han interpuesto desde que la nueva Ley 1/2013 entrara en vigor el pasado 15 de mayo, sí se puede asegurar que ha provocado una "actividad notoria" en los juzgados. De hecho, en la actualidad "absorbe gran parte del trabajo que se lleva a cabo en los juzgados".

Sánchez Gálvez reconoció que se trata de "una carga de trabajo adicional", pero recordó que se trata de atender a una "exigencia legal y una demanda ciudadana".

Desde Stop Desahucios, el abogado y portavoz de este movimiento, Pepe Iglesias, confirmó que se le ha aconsejado a todos los afectados que formularan su recurso de oposición por la existencia de cláusulas abusivas. "Hemos presentado muchas", indicó Iglesias, que confió en que finalmente el Gobierno "sea flexible" y acepte recursos de oposición de familias que se encuentren en pleno proceso de ejecución hipotecaria más allá del 17 de junio. La urgencia de la situación, aseguró, así lo requiere. Iglesias apuntó que, en cualquier caso, mientras tanto desde Stop Desahucios se está pidiendo a la Junta de Andalucía que ponga en marcha su nueva normativa de vivienda en los casos de familias en los que ya se ha adjudicado la vivienda pero que siguen en ella -bien por un acuerdo con la entidad financiera o por la intervención del grupo-.

El letrado de Stop Desahucios explicó que lo que puede asegurar es que las reclamaciones seguirán llegando a los juzgados más allá del 17 de junio, por una cuestión de trámite. Desde el grupo se está recomendando a todo el mundo que solicite un abogado de oficio, y en aquellos casos en los que la designación no se haya producido en el breve plazo estipulado por el Gobierno, se está presentando un justificante en los juzgados para demostrar que se ha solicitado un letrado y pedir, por tanto, que se congele o interrumpa el plazo.

El presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Colegio de Abogados de Granada, Fernando Conde, confirmó que en el momento en que la institución recibe una petición, se manda un fax al juzgado y un escrito al justiciable con la intención de que se interrumpa el discurrir de ese plazo, teniendo en cuenta el tiempo que pasa entre la solicitud y la designación definitiva de un letrado de oficio.

Precisamente por este plazo -de entre un mes y un mes y medio- aún no se ha dejado notar con contundencia la urgencia del proceso extraordinario para oponerse a las ejecuciones en el número de designaciones de abogados de oficio. Sin embargo, Conde confirmó que la actividad en el Colegio de Abogados refleja el creciente número de procesos de ejecución hipotecaria. "Hasta el año pasado no había apenas recursos de oposición a ejecuciones hipotecarias, mientras que ahora hay muchísimos".