El Ayuntamiento ya puede respirar más tranquilo. Los 15,3 millones de euros que la capital tiene que abonar a los propietarios de los terrenos expropiados en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) allá por el año 1998, finalmente no tendrán que salir de las arcas municipales. Tras un mes de negociaciones con el Gobierno, la capital ha logrado que ese montante -una cantidad inasumible para el Ayuntamiento, por mucho que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hubiera dictado dos ejecutorias que obligaban su abono antes del 15 de julio-, sea incluido en el próximo plan de pago a proveedores que prepara el Ejecutivo.

Las conversaciones se han desarrollado a dos bandas. Por una parte, el concejal de Economía del Ayuntamiento, Francisco Ledesma, ha negociado con la secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro, mientras que el alcalde, José Torres Hurtado, lo ha hecho con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. El fruto de esas negociaciones ha sido la inclusión dentro del ámbito del plan de pago a proveedores de las indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por resolución judicial firme por el concepto ya liquidado judicialmente, siempre que la Administración sea beneficiaria de la expropiación.

Así figura en el escrito remitido el pasado viernes por la tarde por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas al Ayuntamiento de Granada para su presentación en instancias judiciales.

El concejal de Economía de la capital aseguró que se trata de una figura "pionera" y que sentará precedente, ya que serán varias la administraciones las que se pueden ver beneficiadas por la inclusión de este concepto en el plan de pago a proveedores. Eso sí, Ledesma explicó que este paso no será firme hasta su aprobación por el Consejo de Ministros, algo que previsiblemente se llevará a cabo a la vuelta de las vacaciones de verano, en el mes de septiembre.

El Ayuntamiento estaba obligado a pagar esos 15 millones de euros en concepto de indemnizaciones a los propietarios de las seis parcelas expropiadas en el año 1998 (con una superficie total de 94.647 metros cuadrados), en época de Gabriel Díaz-Berbel, tras una sentencia del TSJA de 2007 que, en respuesta a un recurso de varios de los afectados, anulaba el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento. En el fallo, ratificado por el Tribunal Supremo en 2008, se anulaba el acuerdo en el que el Ayuntamiento estableció la relación de propietarios, bienes y derechos afectados y la aplicación del procedimiento de tasación conjunta que se llevó a cabo para expropiar.

Este último fue el germen de las protestas de los expropiados, que impugnaron el proceso al ver que en sus terrenos, además de erigirse parte del PTS, se construían viviendas, mientras que el Ayuntamiento había contemplado el pago de su suelo como rústico, no como residencial. Según explicó ayer Francisco Ledesma, en aquel caso la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -que se inició de forma paralela al expediente de las expropiaciones- no llegó a tiempo, lo que explica ese cambio a posteriori de la calificación del suelo. Sin embargo, el concejal de Economía del Ayuntamiento sostiene que el verdadero problema que llevó a los expropiados a reclamar ante la justicia es una 'herencia' del tripartito. Según Ledesma, fue el Gobierno municipal de PSOE, IU y PA el que decidió que los aprovechamientos urbanísticos cedidos a los afectados se destinaran exclusivamente a la construcción de VPO, lo que chocaba con el acuerdo original, explicó el concejal de Economía, que aseguró que el actual equipo de Gobierno municipal está "arreglando los entuertos del tripartito".

Además de la vía judicial, desde 2007 la capital ha buscado distintas salidas al problema -entre ellas la negociación con los propietarios-, que finalmente se podrá resolver mediante el mecanismo habilitado por el Gobierno central para solucionar los pagos atrasados a los proveedores.