Las fiscalías de Vigilancia Penitenciaria reseñaron en la última memoria reconocen la dificultad de hacer cumplir con los trabajos en beneficio de la comunidad. En la memoria anual del fiscal de Sala Delegado en esta materia señala las principales trabas que existen a la hora del cumplimiento de unas medidas que cada vez son más comunes -la memoria califica la tendencia de "extraordinario incremento"- en delitos de seguridad vial y que también se prevé para determinados delitos de amenazas y coacciones en el ámbito familiar.

En primer lugar, el fiscal señala que el penado "en ocasiones" no llega a justificar "adecuadamente" su ausencia. Incluso se da el caso de que el penado alega que ha recurrido la condena "sin que esta circunstancia haya sido constatada".

En ocasiones, la dificultad para hacer cumplir con la obligación de realizar los trabajos comunitarios se debe a que el condenado tiene que trabajar o se ha trasladado a otra localidad, lo que obliga a modificar el calendario de cumplimiento o a solicitar el traslado del expediente a la localidad de residencia para que se pueda ejecutar.

La memoria del fiscal reconoce que "en muchas ocasiones" el problema viene del hecho mismo de que no existen plazas para el cumplimiento de las penas, lo que ha obligado a la Administración a buscar alternativas. Así, desde Instituciones Penitenciarias se han ofertado talleres de sensibilización en materia de seguridad vial. También se ha modificado el Código Penal para ampliar el tipo de actividades "de utilidad pública" en las que debe de participar en condenado (fundamentalmente talleres), para lo que la Fiscalía solicita "una mayor implicación social y de las Administraciones" para disponer de los recursos necesarios.